La vida social en la República del Ecuador ha sido reglada, desde la fundación del Estado en 1830, por un total de veinte constituciones. A lo largo de esta agitada historia constitucional se han registrado tres momentos de ruptura que han modificado nuestra cultura política: el laicismo en la Constitución de 1906, impulsada por el ilustre general Eloy Alfaro; el derecho social en la Constitución de 1929, impulsada por los dirigentes de la Revolución Juliana; y el “buen vivir, o sumak kawsay” en la vigente Constitución del 2008, aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas en septiembre 28 de aquel año e impulsada por la Revolución Ciudadana, liderada por el Presidente Rafael Correa.
Como las anteriores rupturas de 1906 y de 1929, la Constitución de Montecristi (que toma este nombre por la ciudad donde se la aprobó, cuna del general Alfaro) implica un cambio radical en las relaciones sociales en nuestra sociedad. El preámbulo de nuestra Constitución vigente lo explicita de forma clara, cuando señala que lo que los ecuatorianos hemos decidido construir es “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir”.
Este “buen vivir” es un principio filosófico que se origina en el pensamiento indígena andino, que se entronca con los saberes ancestrales de nuestro territorio y que se lo ha incorporado en nuestra Constitución como un nuevo paradigma conceptual para su interpretación. El buen vivir, o sumak kawsay en lengua quichua, implica “la relacionalidad de todo”, esto es, la idea de que una persona solo es cuando está entre otras. Esta idea implica romper con el paradigma conceptual de Occidente, el que de manera tradicional ha definido al individuo por oposición a otros, lo que, a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, ha dado lugar a discriminaciones de todo tipo: por razones de género, raza, religión, orientación sexual, etcétera.
El concepto de buen vivir descarta todo tipo de discriminación y nuestra Constitución propone líneas de acción concretas para alcanzar este buen vivir. Dos de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano son “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” y “planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. En consonancia con estos deberes primordiales, la Constitución de Montecristi reconoce los derechos del buen vivir (entre otros, los citados derechos a la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua) y establece un régimen del desarrollo orientado a garantizar la realización del buen vivir y un régimen específico del buen vivir que establece las condiciones para concretar los derechos del mismo nombre, con disposiciones particulares en materia de inclusión y equidad social y de biodiversidad y recursos naturales.
Es en este contexto de ruptura que implica nuestra Constitución del Buen Vivir, como también se la conoce a la Constitución aprobada el 2008, en el que deben entenderse y desarrollarse las políticas públicas en materia de equidad de género. Tomemos un ejemplo clave en la vida democrática de nuestros países: la participación política de las mujeres. En la legislatura del año 1979 (la primera desde el retorno a la democracia después de las dictaduras militares que gobernaron el país durante la mayor parte de los años setenta) no hubo ninguna representante mujer: 69 diputados hubo en aquella legislatura y los 69 fueron varones. En el curso de los años, la participación de las mujeres se incrementó. En las elecciones del 2009, las primeras realizadas bajo la vigencia de la Constitución del Buen Vivir, la participación de las mujeres fue del 40% en asambleístas nacionales, del 31.1% en asambleístas provinciales y del 33.3% en asambleístas del exterior. En las elecciones del 2013, esos porcentajes se incrementaron a 46.7% en los asambleístas nacionales, a 37.1% en los asambleístas provinciales y al 50% en los asambleístas del exterior. Al día de hoy, las tres personas que conducimos la Asamblea Nacional del Ecuador en calidad de Presidenta, Primera Vicepresidenta y Segunda Vicepresidenta, somos mujeres. Las tres pertenecemos a una tienda política, Alianza País, que fue la primera que una vez en el poder aplicó la paridad de género en un proceso electoral, en la elección de los representantes a la Asamblea Constituyente de Montecristi, en septiembre del 2007. Es también la tienda política que en las últimas elecciones legislativas de febrero del 2013 obtuvo el más alto porcentaje de mujeres electas: de un total de 106 asambleístas (obtenidos por cuenta propia o en alianzas con otros movimientos o partidos), 58 de los electos fueron hombres y 48 mujeres, lo que arroja un porcentaje del 45.3% en participación de mujeres. El porcentaje total de participación, en una asamblea compuesta por 137 representantes, es del 38.2%. Este porcentaje es mayor que el de los países europeos, cuyo promedio según datos recabados a abril del 2013 por la Unión Inter-Parlamentaria, es del 24.4%, y es solo ligeramente inferior al de los países nórdicos (cuyo porcentaje es el mayor a nivel mundial) el que se encuentra actualmente en el 42.0% de participación femenina.
Las políticas públicas del órgano encargado por la Constitución de la organización de los procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral, han jugado un rol clave en la promoción y en el incentivo de la participación de las mujeres en la política. En un informe reciente que publicó sobre los indicadores de género de las autoridades electas en el último proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral destacó lo siguiente:
“Las democracias se caracterizan por reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas, dentro de los cuales se encuentra el crear las condiciones que fomenten la igualdad real de las personas. En ese contexto es indudable que en un verdadero Estado Constitucional de Derechos y Justicia se debe garantizar a las mayorías pero sobre todo a las minorías y los sectores sociales discriminados, que por su condición se encuentran en una situación de desventaja. El Estado debe revertir esta situación mediante la adopción de medidas de acción afirmativa.
Uno de estos grupos es el de las mujeres, que por cuestiones socioculturales, se encuentran en situación de desventaja frente a los hombres, en varios aspectos de la convivencia social. Este fenómeno se refleja de igual manera en el campo político electoral y del ejercicio de los derechos de participación política; lo que ha significado una predominancia de lo masculino en las esferas públicas.
Para poder revertir este fenómeno, el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, está comprometido con incorporar la perspectiva de género dentro de los procesos y servicios de su competencia.”
En este sentido, el Consejo Nacional Electoral ha creado una Comisión de Inclusión, encargada de producir información con el propósito de “adoptar las medidas necesarias en aras a garantizar la incorporación en igualdad de derechos a sectores tradicionalmente discriminados y marginalizados, y con enfoque de género”. Una tarea muy necesaria porque, a pesar de los avances registrados en la participación de las mujeres ecuatorianas en la política a nivel nacional, todavía quedan enormes deudas en materia de paridad de género en las elecciones de los órganos seccionales (prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales).
En esta breve intervención, he abordado solamente uno de los múltiples aspectos que se pueden desarrollar a través de las políticas públicas en materia de equidad de género y de igualdad real. Es, sin embargo, un ejemplo ilustrativo de las modificaciones radicales que se pueden implementar a partir del cambio de paradigmas y de la voluntad política en avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias.
Muchas gracias.
Asambleísta por la provincia de Guayas | Integrante de la Comisión De los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad | Visita mi Perfil
