El asambleísta Abdalá Bucaram Pulley, tras conocer el informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los actos de lesa humanidad cometidos en el período comprendido entre el 4 de octubre de 1983 y diciembre 2008, anunció que propondrá ante la Fiscalía la denuncia penal en contra del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, Miguel Orellana, brazo derecho del ex presidente León Febres Cordero y varios efectivos de la Policía de Panamá, como responsables de haber colocado droga, detención y tortura a su padre, Abdalá Bucaram Ortiz, actualmente en el exilio.Indicó que el informe de la referida Comisión reconoce que durante el gobierno de Febres Cordero, de acuerdo con los testimonios rendidos, Miguel Orellana se contactó con el general Manuel Antonio Noriega para incriminar al entonces ex alcalde de Guayaquil, Abdalá Bucaram Ortiz, por tenencia de droga, su posterior detención por 21 días y violación de sus derechos humanos; también, del asesinato de Arturo Jarrín, del Movimiento Alfaro Vive Carajo. Inclusive, el ex vicepresidente Alberto Dahik, en su declaración, afirma que escuchó a Febres Cordero dialogar con Noriega y decirle que envía a su emisario (Miguel Orellana), “lo que él te pida, te lo pido yo”.
“No se trata de una venganza, se trata de justicia”, dijo Bucaram Pulley, al destacar que apoyan parcialmente el informe, que más allá de los errores que puede contener, constituye el principio de una nueva era de justicia para el Ecuador.
Subrayó que el referido documento determina que en 1996, es decir en el ejercicio de Abdalá Bucaram Ortiz, es el único período en el que no se registra ni una sola denuncia de tortura o de violación de los derechos humanos.
Reiteró que el único ex Presidente del Ecuador que sigue siendo perseguido es Abdalá Bucaram, inclusive en el campo judicial, pero que la Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de hacer justicia con su padre, para que pueda volver a su país, para seguir trabajando en beneficio de los pobres y marginados.
“Ojalá hechos como éste no se repitan en el Ecuador, por ello, el Fiscal General debe iniciar de oficio las acciones penales en contra de quienes han atentado contra los derechos humanos de muchos ecuatorianos, que demandan justicia”, concluyó.
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