Zevallos aseguró que, de acuerdo con la autopsia practicada a los ciudadanos colombianos Orlando Tapia Molano y José Sabino Timote y al ecuatoriano, Francy Omitar Tamayo, se establece que su muerte no fue por enfrentamiento, ni menos cruce de balas entre las fuerzas insurgentes supuestamente guerrilleras de Colombia con el Ejército ecuatoriano, sino que fueron asesinados con fusiles y balas de dotación militar, por la espalda, circunstancias que lo convierten en un delito de lesa humanidad, sobre el cual tiente responsabilidad el Estado ecuatoriano.
Recordó que la política de militarización de la frontera norte del país responde a un plan de seguridad del Estado, cuyos ejecutores y responsables son los ministros de Seguridad Interna y Externa y de Defensa Nacional; el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; los Comandantes del Ejército; el Comandante de la Cuarta División del Ejército Amazonas, que están acantonados en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
En su denuncia solicita que, una vez cumplidas las etapas preprocesales, dicte la correspondiente instrucción fiscal, estableciendo las responsabilidades de autores, cómplices y encubridores del asesinato ocurrido sobre el Río San Miguel, parroquia General Farfán, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.
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