La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, Saruka Rodríguez, subrayó que en el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se establece con claridad la representación de los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, al directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, así como sus competencias y atribuciones.Dijo que de este modo se garantiza el equilibrio necesario para el correcto desarrollo de los principios constitucionales en la administración pública de tránsito como un servicio a la colectividad, del gobierno nacional como órgano rector y de los GAD como órganos encargados de la planificación, regulación y control del tránsito y del transporte público en sus respectivas jurisdicciones.
Con la reforma planteada, dijo, también se pretende que en el caso de las contravenciones que no fueren impugnadas, la multa se cancelará directamente en los bancos autorizados. Si estas multas no son pagadas, serán cobradas con los intereses respectivos en la renovación de las matriculas o licencias las que prescriben a los 5 años. De esta manera se intenta disminuir en un 80% las causas pendientes y máximo un 20% pasarían a la Función Judicial para su juzgamiento.
Así mismo, continuó, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, será el ente encargado de la regulación, planificación y el control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, así como del control del tránsito en las vías de la red estatal (troncales nacionales), a través de sus agentes civiles de tránsito y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.
La asambleísta Rodríguez señaló que entre las observaciones incorporadas consta la necesidad de un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública en beneficio de los grupos vulnerables; mayores sanciones para los conductores que no estén legalmente autorizados y establecer cuáles son las contravenciones muy graves.
Explicó que, según la propuesta, cuando una persona se niegue a la realización de las pruebas que establezcan que un conductor está intoxicado, se asumirá la presunción de estar bajo los efectos de intoxicación; se determinan las funciones de la Comisión de Tránsito del Guayas CTG, mientras no asuman la competencia de tránsito los municipios de la provincia del Guayas.
También se establece la obligación de elaborar contratos de trabajo y afiliarles al IESS a los conductores; precisa la situación laboral de los servidores públicos que prestan sus servicios en los organismos de tránsito, entre otros temas.
Finalmente, recordó que previo a la elaboración del respectivo informe la Comisión realizó foros para socializar el proyecto en Tulcán, Ambato, Francisco de Orellana, Loja, Guayaquil e Ibarra.
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