Por unanimidad, el Pleno condenó, de forma categórica, todo tipo de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, y el aumento de femicidios en el país, que suman en este año 76 casos, según la Fiscalía del Estado. La Asamblea se solidarizó con las familias de las víctimas de femicidios, lesbicidios y transcidios, y desarrollará mecanismos que eviten este problema, al que calificaron de estructural.
Con la resolución, plantearon una alerta legislativa para, con la formulación de normas, garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a una vida libre de violencia. Desde el Parlamento se debatirá y aprobará el proyecto de ley contra todas las formas de violencia, que deberá presentarse en treinta días. Además, ratificó que la erradicación de la violencia de género es una prioridad nacional y un compromiso de la Legislatura.
Bajo esta responsabilidad se construirán leyes que beneficien a este sector y que contemplen mecanismos eficientes y eficaces para evitar el incremento del femicidio. Para ello, convocará a las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, a fin de desarrollar estas medidas legislativas. También revisará la inversión del Estado en materia de género y motivará a las instancias competentes a realizar una mayor asignación.
Los legisladores estuvieron de acuerdo con rechazar todo acto y expresión sexista, misógina, transfóbica, lesbofóbica y discriminatoria, que refuerzan estereotipos de género y profundizan en las desigualdades. En ese marco, solicitaron a otras entidades públicas y privadas a ejecutar acciones conjuntas para evitar y erradicar estos tipos de violencia.
A la Función Judicial se le exhortó construir un registro de sistema unificado que permita tener datos reales sobre esta problemática. Igualmente, al Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría Pública se le pidió fortalecer los servicios de atención para mujeres víctimas de violencia, mediante la capacitación del personal y el aumento de unidades especializadas en violencia de género.
En el caso de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, se le solicitó asignar recursos prioritarios y emergentes para los planes Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia y Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo.
El llamado a las Instituciones de la Función Ejecutiva fue para que fortalezcan sus planes, programas y acciones, al poner especial énfasis en el sector educativo, para contrarrestar prejuicios, costumbres y prácticas que se basen en la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros.
Poner en marcha acciones emergentes para el diseño e implementación de políticas locales en este tema es lo que se le demandó a los gobiernos autónomos descentralizados, mientras que al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos se le pidió realizar nuevos estudios y registros que se entrelacen con la información del sistema de salud, justicia, inclusión económica y social, seguridad, Ecu 911, entre otros organismos públicos.
En cambio, a los medios de comunicación la Asamblea los llamó a realizar un manejo apropiado de las noticias sobre violencia de género, en las que se elimine el sensacionalismo y la revictimización. En tanto, a la sociedad civil se le exhortó a convertirse en actores fundamentales en este proceso de transformación.
LILA/pv
