Según datos entregados por la Comisión de Transición (antes Consejo Nacional de las Mujeres), 3 millones 883 mil 489 mujeres mayores de 12 años realizan trabajo doméstico no remunerado y no se encuentran protegidas, las que serían las posibles beneficiarias de aprobarse el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social que tramita la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.Soledad Puente, directora técnica encargada y Laura Lalama, consultora de la Comisión de Transición, explicaron que de esta población, el 48,14% corresponde al sector urbano y el 51,86% al rural; y entre los beneficios que se concederían sería seguro por vejez, invalidez, auxilio de funerales y salud.
Indicaron que para que estos seguros se sostengan en el tiempo, es importante que, se mantenga la posición de equilibrio.
Por su lado el economista Francisco Peña Jarrin y Alexandra Harnisth, Director Actuarial y Subdirectora del Servicio de la Seguridad, del IESS, señalaron que el régimen de seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que realicen trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.
Dijeron que el Consejo Directivo del IESS ha impulsado la protección social de este sector facilitando e incentivando la afiliación voluntaria de los residentes en el Ecuador, así como la prestación efectiva de salud de los y las trabajadores a tiempo parcial; el incremento de cobertura del seguro social campesino.
La presidenta del organismo legislativo, Nivea Vélez, indicó que los datos obtenidos enriquecerán la construcción de la normativa, por lo que continuarán retroalimentándose con la información que proporcionen los organismos competentes y mantendrán otras reuniones de trabajo con estas autoridades, a fin de analizar cada uno de los artículos de los proyectos, al tiempo que anticipó la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social Jannette Sánchez, en la próxima reunión de la Comisión.
Como se recuerda el Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó los proyectos de reformas de la Seguridad Social y remitió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, para que sean analizados, estudiados y agrupados en un solo cuerpo legal.
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