La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, a través de su presidente, Paúl Granda, solicitó a la Comisión de Gobiernos Autónomos, dirigida por Virgilio Hernández, tramite con celeridad las reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y al Código de la Democracia, que buscan regular los procesos de revocatoria de mandato, para evitar que el ejercicio de este derecho constitucional ponga en grave riesgo la institucionalidad de los gobiernos autónomos descentralizados, GAD.Recordó que los mayores espacios de participación ciudadana precisamente han sido los municipios del país, pues estos organismos están expuestos permanentemente al escrutinio de la población, por lo que la posición de la AME no es contraria a la vigencia del derecho a la revocatoria del mandato, “lo que queremos es que se establezcan reglas claras que garanticen el legítimo derecho a la defensa”.
Granda aseguró que existen argumentos jurídicos, políticos e institucionales, para aprobar esta normativa a la brevedad posible, para que los procesos revocatorios se enmarquen en disposiciones claras sobre las causales y sustentos específicos que deben presentar los proponentes, así como las posibilidades de defensa de los funcionarios de elección popular a quienes se pretende revocar el mandato.
Expresó su acuerdo con los dos proyectos de ley que tramita la Comisión de Gobiernos Autónomos, porque a través de ellos será posible frenar el abuso en el ejercicio de un derecho constitucional. “En este momento, hay procesos de revocatoria que parten de chantaje, la extorsión así como el revanchismo político de quienes perdieron las elecciones”, dijo.
Agradeció la apertura del organismo legislativo para escuchar los planteamientos de la Asociación de Municipalidades en el análisis de los proyectos de ley relacionados con las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados.
Una normativa amplia
De su lado, el titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, reiteró que el organismo actuará con absoluta responsabilidad en el análisis de este tema, porque se trata de dictar una norma amplia, que no solo atañe a los alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales, sino a todas las autoridades de elección popular.
“Tenemos plena conciencia de la urgencia del tratamiento de este proyecto, pero tenemos en carpeta otros temas que tratar, no obstante, le daremos la prioridad necesaria, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No tenemos ningún prejuicio, estaremos permanentemente abiertos a escuchar sus opiniones, como lo hicimos en el tratamiento del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad; trabajaremos con responsabilidad, pero sin presiones”, concluyó.
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