Por unanimidad de los asambleístas presentes (103), el Pleno de la Asamblea exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, para que, en virtud de la Declaratoria de Emergencia Vial realizada por el gobierno provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se sirva disponer la ejecución de las acciones necesarias, la asignación y reasignación de recursos económicos -a través de los ministerios y organismos correspondientes que tienen a su cargo la ejecución de obras- para auxiliar y atender a las comunidades damnificadas por la fuerte temporada invernal.Los organismos encargados de atender las demandas de la población de Santo Domingo de los Tsáchilas son los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Inclusión Económica y Social; de Transporte y Obras Públicas; y, la Secretaría Nacional de Riesgos, en reparación o construcción de las viviendas afectadas en el Barrio San Miguel de Alluriquín.
Son acciones prioritarias: auxiliar y atender a las comunidades damnificada; rehabilitar las vías y puentes, recuperar y mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia.
La autora del proyecto de resolución, asambleísta Mary Verduga, recordó que la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas ha sido afectada por el fuerte temporal invernal, que ha provocado deslizamiento de tierra, obstruido, colapsado y destruido vías, puentes, viviendas; especialmente en las parroquias y comunidades de San José de Alluriquín; Santa María del Toachi; Luz de América; El Esfuerzo; Puerto Limón; Nuevo Israel; y, Las Mercedes.
Frente a esa realidad, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas declaró en emergencia la vialidad de la provincia.
Añadió que en la provincia de los Tsáchilas, que cuenta con una población de 365 965 habitantes, de los cuales aproximadamente 120 000 están asentados en el sector rural, en días pasados, se produjo un deslizamiento de tierra de grandes proporciones, que afectó a más de 250 personas, agrupadas en 65 familias del barrio San Miguel de Alluriquín, quienes han tenido que abandonar sus casas para salvaguardar sus vidas y al momento están alojadas en albergues, siendo necesaria la intervención estatal inmediata, mediante la acción articulada y concurrente de los distintos niveles de gobierno para resolver su dramática situación.
RSA/eg
