El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), que tiene por objetivo que los recursos públicos que reciba esta institución ingresen a la Cuenta Única del Tesoro, de conformidad con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y constitucional.
La propuesta se fundamenta en que nuestra legislación aún mantiene ciertas disposiciones por las cuales se permite que entidades públicas reciban fondos de particulares para ser utilizadas en su beneficio, sin que ingresen al erario público.
A criterio del Mandatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 de la Constitución, están prohibidas otras preasignaciones presupuestarias distintas a las destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, a los sectores salud, educación, educación superior; y, a la investigación, ciencia, tecnología e innovación, por lo que la reforma al artículo 30 de la LOCGE es conveniente, en tanto su texto se ajuste a los principios constitucionales.
Recordó que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 de 12 de junio de 2002; y, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de este organismo de control, publicada en el Registro Oficial No. 404 de 23 de agosto de 2004, disponen que el presupuesto de dicho organismo se financia con la transferencia del cinco por mil de los ingresos presupuestados, de todas las instituciones del Estado y en la parte proporcional de las personas jurídicas de derecho privado, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado con recursos públicos y que se encuentran sometidos a su control, hecho que constituye una preasignación presupuestaria.
Por lo expuesto, propone que el mencionado artículo 30 determine que la proforma del presupuesto anual de la Contraloría General del Estado se remitirá oportunamente al Ministerio de Finanzas para su ulterior aprobación por la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 292 y 295 de la Constitución.
Dicho presupuesto se financiará con las asignaciones que constan en el Presupuesto General del Estado; los ingresos previstos en otras disposiciones legales; los recursos de autogestión; y, otros ingresos.
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