En la sesión 99 del Pleno, en el marco del primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, varios legisladores pidieron que se incluya la obligación de que los gobiernos autónomos descentralizados incorporen, en sus presupuestos anuales, los recursos necesarios para la atención preferente de los cantones ubicados en los 40 Km de la línea de frontera.
Igualmente, consideraron que la normativa debe establecer subsidios arancelarios, subvenciones, políticas claras para que los pequeños, medianos y grandes empresarios puedan invertir en estas zonas, así como programas que estén contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Así mismo, sugirieron tomar en cuenta las potencialidades de cada cantón fronterizo, que la Comisión de Gobiernos Autónomos reciba en comisión general a los representantes de las cámaras de comercio de los cantones, de las flotas de transporte pesado, asociaciones de agricultores, ganaderos, para que puedan exponer sus criterios y necesidades que permitirán alcanzar los beneficios determinados en esta Ley.
Recordaron que las zonas de frontera, tanto del norte como del sur del país, presentan los más altos índices de necesidades insatisfechas de la población, algunas parroquias, sobre todo de Carchi, están entre las 50 más pobres del país, según datos de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, Senplades, y el Plan Ecuador, por lo que es necesario que se dicte un cuerpo jurídico por el cual el Estado dé un trato preferente a las zonas de frontera, a fin de que sean incorporadas al desarrollo nacional.
Se advirtió la necesidad de establecer la prioridad presupuestaria para los 58 cantones ubicados en la línea de frontera; que las instancias del Estado plateen políticas públicas en todos los ámbitos, incluido el de la cobertura de electrificación; la mejor forma de erradicar la violencia en estos cantones y alcanzar su seguridad es lograr el desarrollo del pueblo, erradicación de la pobreza y la construcción de un sistema económico justo, democrático, productivo y sostenible, que asegure una distribución adecuada de los beneficios y genere trabajo digno a sus poblaciones.
El proyecto tiene por objetivo afianzar una cultura de paz y propender al desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos, mediante la aplicación de políticas integrales, precautelando la soberanía, la biodiversidad natural, interculturalidad y buena vecindad, garantizando el ejercicio de los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de estos territorios.
Para la aplicación del criterio poblacional en la distribución de la totalidad de recursos provenientes del Presupuesto General del Estado para los gobiernos autónomos descentralizados, se dará una ponderación del 150% a la población de dichos territorios.
Así mismo, para asegurar el desarrollo socioeconómico de los cantones de frontera, el Estado dará atención preferencial para lograr cambios sociales profundos tendentes a la erradicación de la pobreza y a la construcción de un sistema económico justo, democrático, productivo y sostenible que asegure una distribución adecuada de los beneficios y genere trabajo digno a sus poblaciones.
También se fortalece el desarrollo agropecuario, para lo cual se otorgará una especial prioridad a los proyectos de gestión y aprovechamiento de las cuencas hídricas binacionales y otras obras de infraestructura conjunta. El Banco Nacional de Fomento, en el marco de sus planes y presupuestos, establecerá las medidas para hacer efectiva la preferencia para el desarrollo socioeconómico fronterizo, las mismas que estarán destinadas a beneficiar el desarrollo de pequeñas y medianas organizaciones productivas rurales, familiares, comunitarias y microempresariales.
La normativa determina la promoción del turismo; prevé la conservación, protección y aprovechamiento de la biodiversidad, priorizando a los sectores de la economía popular y solidaria como beneficiarias de las mismas. Se establecen incentivos como la capacitación profesional y el desarrollo del empleo juvenil.
El proyecto regresó a la Comisión de Gobiernos Autónomos, organismo que deberá analizar las observaciones formuladas en el Pleno y elaborar el informe previo al segundo debate.
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