La Comisión de Derechos Colectivos escuchó nuevas propuestas sobre a las reformas a la Ley de Comunicación. Ramiro Villarroel, de la Universidad de Bolívar, cree que se debe derogar la figura del linchamiento mediático, clarificar en el texto que la comunicación es un servicio público en todos los ámbitos de interacción social por los propios medios y en su propia lengua.
Dijo que en la adjudicación de frecuencias se deben tomar en cuenta métodos de transparencia, igualdad de condiciones, parámetros de exigencia e impedir el monopolio.
Mencionó que no existe una regulación para los medios digitales que están registrados en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom), a la vez que sostuvo que los contenidos deben ser contrastados, a fin de que no atentar contra los derechos ciudadanos; respetar la profesionalización para que los medios alcancen comunicación de calidad
Villarroel afirmó que es necesario garantizar el protocolo de seguridad para los periodistas, respetar la tabla salarial de los comunicadores; y, en la conformación del Cordicom se incluya a un representante de los gremios para orientar de mejor manera la comunicación.
Por su parte, el exasambleísta Enrique Herrería, subrayó que los trabajadores de la prensa ejercen un rol importante y, por ello, deben ser bien pagados
En cuanto a la propuesta de incluir a un representante de la Defensoría del Pueblo en el Cordicom, señaló que no cabe que integre ningún órgano administrativo al que pudieran llegar denuncias de violación de los mismos por parte de los medios de comunicación.
Al referirse al artículo 10 del proyecto del Ejecutivo que señala la necesidad de “evitar la utilización de estímulos comunicacionales que fomenten actitudes morbosas en torno a la información sobre crímenes, accidentes, etc”, dijo que está sujeta a valoraciones discrecionales y subjetivas de acuerdo con el estado psicológico y mental de una persona.
En cambio, Pablo Cevallos, director del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, se refirió al artículo 76 de la Ley de Comunicación que trata sobre la transmisión de señal abierta por los sistemas de audio y video por suscripción.
Dijo que es necesario clarificar su texto, en razón de que muchas personas que tienen un servicio por suscripción no pueden ver, por ejemplo las noticias de su comunidad si se encuentran en otra provincia, lo cual limita el acceso a la comunicación e información que tenemos todos los ecuatorianos, por tanto, debe existir la obligatoriedad de los proveedores de audio y video de incluir señales locales.
En este marco, propuso que los sistemas de audio y video por suscripción garanticen, sin costo alguno a los suscriptores, la recepción de la señal local.
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