Ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, un grupo de ex empleados de la Universidad Técnica de Ambato, solicitó se restablezca al 100% las pensiones por jubilación complementaria que recibían hasta antes de la expedición de la Constitución vigente.La asambleísta Gioconda Saltos, quien respaldó esta petición, indicó que el derecho a la jubilación complementaria, que estuvo formalmente reconocido hasta el 20 de octubre de 2008, es legítimo y constitucionalmente adquirido, que beneficia a los adultos mayores, sector al cual la nueva Constitución lo reconoce como de atención prioritaria.
Sostuvo que la Constitución del 2008, no contempla de manera formal la jubilación complementaria como parte de la seguridad social y que los decretos Ejecutivos expedidos por el Presidente de la República, eliminan este derecho y luego lo reconoce, pero de forma restringida, estando en vigencia el decreto No. 225 del 18 de enero de 2010, mediante el cual se establece que las jubilaciones complementarias se cancelarán el 100%, solo si era menor a USD 218.
Si la pensión de un jubilado era mayor a un salario básico, pero menor a la canasta básica, la pensión sería el valor de un salario básico más el monto correspondiente al 70% de la diferencia entre el valor de la pensión jubilar y el salario básico unificado (fórmula aplicada a quienes reciben una pensión entre 218 y 512).
Se calcula que aproximadamente 1500 personas son afectadas por el desconocimiento, anulación o restricción del derecho a la jubilación complementaria.
Ante ello, pidió que se exhorte al presidente de la República para que mediante Decreto Ejecutivo restablezca al 100% las pensiones por jubilación complementaria que los jubilados recibían hasta antes de la Constitución del 2008 y, en virtud del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se requiera al Ministerio de Finanzas que en el plazo de 15 días, informe motivadamente a la Asamblea Nacional sobre la aplicabilidad de la presente resolución.
Conflicto de intereses
Nelson Omera y José Chucin, empleados de la empresa de MEGAGRAF S.A., (empresa de industrias gráficas) manifestaron que el cambio de denominación de la empresa a Maxigrafaf S.A. provocó un conflicto, porque no se les reconoce ciertos beneficios como los años laborales, utilidades, a la vez que advirtieron que persiste la precarización y la tercerización laboral, lo que genera inestabilidad, y pidieron que se exhorte al ministro de Relaciones Laborales para que dé respuestas a estos problemas, ya que han agotado las instancias de diálogo y negociación.
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