El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, se reunió con los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, con el fin de buscar puntos de encuentro en torno al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social relacionado con la jubilación especial de la mujer.
El Titular de la Legislatura, tras señalar que se deben crear las condiciones para construir una buena ley, anunció que apoyará en el requerimiento de toda la información del IESS y le parece impensable que se pueda elaborar una ley sin información.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, anunció que para el 25 de este mes, a las 10h00, serán invitados el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González; la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz y al ministro de Finazas, Patricio Rivera, para conocer los avances en la elaboración del borrador del proyecto de Ley Integral de Seguridad Social y en segundo término dilucidar temas sobre la jubilación especial para las mujeres.
Scheznarda Fernández entregó al Presidente de la Asamblea copia de las comunicaciones enviadas al Instituto Ecuatorianos de Seguridad Social de fecha: 21, 24, 29 de noviembre de 2011 y 3 de enero de 2012, en las que se le requiere información de los estudios actuariales que reposan en el IESS, a fin de tener una base que sirva para emitir el informe.
El asambleísta Línder Altafuya señaló que esta propuesta no es una demagogia, sino una responsabilidad frente al pueblo ecuatoriano, por lo que pidió que se facilite la contratación de un consultor para el tratamiento de este proyecto de ley.
A su vez, Nivea Vélez insistió para que se contrate a un consultor independiente, al tiempo de comentar que ha hecho una “corrida de lo que significaría el costo de esta jubilación y que en las condiciones actuales para que se jubile una mujer se necesita 54 mil dólares y con la propuesta se necesitaría 60 mil dólares, es decir subiría alrededor de 6 mil, de los cuales 4 mil le correspondería pagar al IESS y la diferencia que es 2.7000 al Gobierno, por lo que se necesita el estudio especializado para hacer técnicamente el trabajo.
Entre tanto Stalin Subía manifestó que hay un sentido de alta responsabilidad para no emitir informes sin sustento de carácter legal y que les preocupa el tema, porque se trata de dinero de todos los afiliados y aún de los empresarios por lo que no se puede disponer y dictaminar algo que vaya en perjuicio de aquellos.
Por su parte, Silvia Salgado indicó que ha visto que existe un sentido de compromiso y responsabilidad dentro de la Comisión ante temas sensibles, que no se pueden resolver únicamente como Asamblea, sino de participación, en este caso particular con el IESS y con el gobierno, considerando que se trata de recursos públicos y, por lo tanto, se requiere encontrar la voluntad política, el apoyo técnico y las condiciones financieras, por lo que insistió en la necesidad de dialogar.
Carlos Samaniego recordó que existen 10 proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social, pero la intensión no es hacer parches a la ley, sino una ley integral, completa y se armonice con la normativa constitucional y se ajuste a la realidad.
RSA/pv
