El Pleno de la Asamblea Nacional, inició el primer debate del proyecto de Ley del Anciano que busca garantizar y hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores, consagrados en los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución.
La Comisión de Derechos Colectivos preparó el respectivo informe a través del cual se determina que la familia debe garantizar el buen vivir de las personas adultas mayores, debiendo asistirlas, de manera especial, durante sus años de mayor vulnerabilidad, en caso de enfermedad o cuando adolecieren de una discapacidad que les impidiera valerse por sí misma.
El asambleísta Luis Morales, ponente del proyecto, dijo que este tema ha sido analizado con bastante delicadeza y en consideración a todos los seres humanos, porque todos vamos por el mismo camino en el avance de la edad, tras señalar que el análisis del proyecto se fundamentó en los derechos contemplados en la Constitución de la República, por ello, estas reformas son trascendentales.
Resaltó la importancia de promover políticas y programas a nivel nacional destinados a los adultos mayores, así como la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y promoción de las políticas, así como elaborar el Plan Nacional de los Adultos Mayores ya que en algunos centros gerontológicos gratuitos no llega la ayuda gubernamental, por ello sostuvo que tiene que haber un presupuesto específico año a año, de acuerdo al incremento de la población.
Hay que coordinar acciones en el sector privado, evaluar la aplicación de las políticas de los derechos de los adultos mayores, dictar el reglamento orgánico funcional de la institución y las demás contenidas en la ley, agregó.
Precisó que el Consejo Nacional de Protección de las Personas Adultas, deberá designar a nivel nacional a los consejos correspondientes en los diferentes niveles de gobierno, y esto es fundamental, porque adultos mayores no solo hay en las grandes ciudades ya que también hay en las pequeñas poblaciones parroquiales, barriales, etc. que regularmente no son jubilados, tal es el caso de la población campesina, rural, indígena y lo que corresponde es tomar una universalización de todos y cada uno de quienes conforman esta edad para darles atención prioritaria tomando en cuenta a aquellas personas que no gozan de una jubilación, pero sin dejar de lado aquellos ciudadanos que gozan del servicio del seguro social.
El proyecto establece que el ministerio encargado de Inclusión Económica y Social coordinará con todas las instituciones y entidades del sector público, de manera especial con el ministerio encargado de la Salud Pública y los gobiernos autónomos descentralizados, la creación de los consejos de protección de este sector social.
Se crea el Consejo Nacional de Protección de las personas adultas mayores como un organismo especializado para la definición, seguimiento y evaluación de las políticas de promoción de sus derechos, que estará integrado por la Ministra/o de Inclusión Económica y Social o su delegado; la ministra de Salud Pública; y, tres representantes de las organizaciones de las personas adultas mayores, que se encuentren legalmente reconocidas por el Ministerio de Inclusión, los mismos que serán designados mediante concurso público que llevará adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez.
La normativa determina que el Consejo Nacional de Protección de Personas Adultas deberá formular y promover la creación de políticas, planes y programas para el desarrollo integral de los derechos de los adultos mayores, así como promover, por medio de políticas que se dicten, la coordinación en la ejecución de los programas referidos a los adultos mayores que lleven adelante las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, entre otros.
Juan Carlos Cassinelli, encargado de dirigir esta sesión, suspendió el debate de este tema, con la finalidad de que los asambleístas puedan acudir a CIESPAL, donde se realiza el foro “Ley Orgánica de Comunicación en debate” que tiene por objetivo aportar a la discusión del proyecto de Ley de Comunicación y recoger las sugerencias y comentarios de los diversos actores.
JLVN
