Con la finalidad de escuchar los criterios y observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Institucionalización del Tamarindo, la Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, aprobó un cronograma para recibir al alcalde de Portoviejo, Humberto Guillén; al prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia; a los Ministros del Ambiente, Marcela Aguiñaga; de Agricultura, encargado, Santiago León; Coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa; y autoridades de las universidades de la provincia de Manabí.
El proyecto, de iniciativa de la asambleísta Scheznarda Fernández, tiene como finalidad institucionalizar y reconocer al tamarindo como emblema de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, como patrimonio natural del Ecuador y especie protegida de su medio ambiente, garantizando la protección de su ecosistema, producción y desarrollo sostenible.
El presidente de este organismo legislativo dijo que este proyecto será socializado con los parlamentarios y distintas entidades que están involucradas en esta temática, con lo cual se inicia el estudio de este cuerpo legal.
La normativa, que contiene tres artículos, establece que en rescate de la memoria histórica de la patria, se reconoce a la ciudad de San Gregorio de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, como la ciudad de los Reales Tamarindos.
Determina que las autoridades ambientales realizarán un registro de las áreas en las que se produce el tamarindo a nivel nacional, de modo que las características del suelo y del entorno mantengan las propiedades básicas que propicien su desarrollo adecuado y sustentable.
La legisladora Scheznarda Fernández recordó que en la actualidad muchas especies naturales emblemáticas están en proceso de desaparición por el descuido, contaminación y otros factores remediables mediante acciones coordinadas y encaminadas a la protección del medio ambiente.
Dijo que el tratamiento fue el primer producto nacional en recibir reconocimiento mundial, con la declaratoria de Portoviejo como “la ciudad de los Reales Tamarindos”, atribuida por el rey español Felipe II en 1565, por lo que dijo que es deber primordial del Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país.
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