La asambleísta Dora Aguirre destacó que “la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos, aprobada esta víspera en la Asamblea Nacional, prohíbe que las sentencias extranjeras originadas en operaciones crediticias con garantías hipotecarias de vivienda fuera del país, que persigan el embargo y posterior remate de bienes muebles e inmuebles de ciudadanos ecuatorianos, sean ejecutadas en el territorio nacional por contravenir el ordenamiento jurídico ecuatoriano”.
Recordó que al estallar la crisis en España, se perjudicó económicamente a miles de personas, entre ellas, más de 8.000 afectadas por la crisis hipotecaria, de los 15.000 que recibieron créditos en la banca española.
Así mismo señaló, que la crisis en España ha dejado desempleados a más de 80.000 compatriotas residentes en ese país, esto sumado a los precios inflados o el sobreprecio de la vivienda y los plazos y mensualidades impagables, que han ido provocando la falta de pago de los créditos y en consecuencia generando procesos de ejecución por mora y desalojos que van en aumento.
Manifestó que la ley protege a las personas que adquieran o construyan una única vivienda familiar que no exceda las 500 remuneraciones básicas unificadas, (146.000 dólares). Además, permite que una vez adquirido el crédito, la misma vivienda constituya prenda en garantía.
Resguarda los derechos de las personas que se endeuden para adquirir único vehículo de uso familiar o personal que cueste menos de 100 remuneraciones básicas unificadas (actualmente 29.2000 dólares), subrayó.
Intereses de capital no se sobrepondrán al interés del ser humano
Por su parte el asambleísta Eduardo Zambrano, representante los ecuatorianos residentes en Latinoamérica, Caribe y África, sostuvo que “esta ley impide que los intereses del capital financiero se sobrepongan al interés del ser humano, en ese sentido el proyecto de ley persigue en esencia que la hipoteca realizada para garantizar la única vivienda familiar garantice totalmente el crédito en caso de imposibilidad de pagar la deuda, no permitiendo extender las acciones judiciales hacía otros bienes del deudor ni tampoco de la sociedad conyugal o herederos. Esta acción legislativa corta las garras de los banqueros acostumbrados a quedarse con los ahorros y esfuerzos de las y los ecuatorianos”, concluyó.
RSA/pv
