En la sesión 164 del Pleno, asambleístas de distintas agrupaciones políticas coincidieron que la actual legislación respecto a los burós de información crediticia ha resultado insuficiente para garantizar la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, acerca de su manejo crediticio, pues consideran necesario que exista una norma que adecue su contenido a las normas vigentes.
Subrayaron que se han generado situaciones perjudiciales para los ciudadanos, como por ejemplo la inadecuada forma en que se realizan los reportes de los historiales de los burós, ya que los mismos se han convertido prácticamente en listas negras para el acceso al crédito, por lo cual una persona se ha visto imposibilitada de obtener una operación crediticia y que, además, varias personas no han podido conseguir empleo.
Bajo estos argumentos, dijeron que hay que establecer una norma que garantice sus derechos y permita que la información crediticia sirva para que las instituciones crediticias sean fuente de información para el otorgamiento de créditos, pero, sin vulnerar los derechos de los ciudadanos
En el debate, precisaron que los burós de crédito son instituciones privadas, a la vez que advirtieron que se podría especular con la información crediticia de las personas, tras señalar que, hasta el 2005, el sistema financiero reportaba información directa, pero luego se tercerizó.
Anticiparon que eliminar los burós de créditos sería un riesgo, tras aclarar que a través de esta reforma se busca precautelar el acceso al crédito, considerando el uso adecuado de la información.
Así mismo, sostuvieron que no deben existir empresas públicas que ejecuten el trabajo de burós, al informar que en los últimos años ha crecido enormemente, pero no para el área productiva, sino de consumo, por ello, dijeron que es importante analizar los burós públicos versus la seguridad jurídica.
Manifestaron que en la central de riesgos solo deben estar los morosos por estafa con sentencia ejecutoriada, pues esta central de riesgos ha sido una especie de “inri” que marcaba a las personas para toda la vida.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, luego de la intervención de los parlamentarios, cerró el debate de este tema y recordó a los asambleístas que tienen tres días para presentar sus observaciones a efectos que la Comisión de Régimen Económico, prepara el informe para segundo debate.
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