La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por la asambleísta Lourdes Tibán, inició el análisis de todas las propuestas presentadas en el Pleno de la Asamblea Nacional, para preparar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley del Anciano, que busca garantizar la aplicación de políticas y la promoción de programas de atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, áreas urbano y rural y asegurar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos del buen vivir de las personas adultas mayores.
Además, el organismo legislativo recibió a un grupo de integrantes de la Asociación por la Dignidad y Derechos Humanos de los Jubilados Adulto Mayor y Tercera Edad. Edison Lima, presidente de esta agrupación, solicitó que se incluya en el informe la creación del Consejo Nacional de Protección de las Personas Adultas Mayores, como un organismo de defensa de los derechos de este segmento poblacional a nivel nacional, regional y provincial; y, que el funcionario que incumpliere las resoluciones administrativas, laborales, judiciales emitidas a favor de este grupo social sean sancionados.
De su lado, Teresa Villavicencio dijo que recién se está haciendo justicia con este grupo vulnerable, por lo que pidió a los comisionados hacer realidad la aplicación de sus derechos que por mandato constitucional les ampara.
Entre tanto, la asambleísta Rosa Ponce, alterna del asambleísta Marco Murillo, dijo que en la normativa se debe incluir a las personas que no han logrado acceder a la jubilación y que, en muchos casos, están en la mendicidad y sin reconocimiento social.
Lourdes Tibán indicó a las personas asistentes que en el informe borrador consta la creación del Consejo Nacional de Protección de las Personas Adultas Mayores, propuesta que se presentó durante el primer debate.
En este marco, les informó que este organismo estará integrado por la Ministra o ministro de Inclusión Económica y Social; la Ministra de Salud Pública; tres representantes de las organizaciones de las personas adultas mayores, que se encuentren legalmente reconocidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los mismos que serán designados mediante concurso público realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes durarán dos años y podrán ser relegidos por una sola vez.
Le corresponde al Consejo formular y promover la creación de políticas, planes y programas para el desarrollo integral de los derechos de las personas adulto mayores; coordinar la ejecución de estos programas; establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y promoción las políticas, planes y programas; así como elaborar el Plan Nacional de los derechos de los adultos mayores.
Además, les indicó que en las reformas se incluye la exoneración de aranceles por la importación de medicina, exoneración de impuestos fiscales; en la transportación y espectáculos; atención médica prioritaria; y para quienes incumplan se establece un capítulo sobre infracciones y sanciones.
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