En compañía de los asambleístas Diana Atamaint, Magaly Orellana, Gerónimo Yantalema y César Rodríguez, la legisladora Lourdes Tibán rechazó “la actitud del gobierno nacional de haber metido manos en el asalto a la Prefectura de Cotopaxi”, al referirse a la destitución de César Umaginga y la posterior posesión de Blanca Guamangate, como prefecta de Cotopaxi.
Indicó que quienes destituyeron a Umaginga se sustentaron en un informe de la Contraloría, supuestamente por haber cometido irregularidades, a la vez que aseveró que jamás pueden estar de acuerdo con la politización que se ha dado en torno a un examen de auditoría del organismo de control.
“Responsabilizo al gobierno nacional de existir cualquier enfrentamiento en el pueblo de Cotopaxi que ha mostrado su respaldo al Prefecto Umaginga, quien por respeto a la provincia está obligado a desvirtuar las acusaciones de la Contraloría en las instancias pertinentes conforme lo dispone el Art. 49 de la Ley Orgánica de la Contraloría que establece que las sanciones de destitución o multa que emite la Contraloría son definitivas, no obstante la autoridad notificada tendrá 30 días para impugnar el acto ante los tribunales distritales”, afirmó.
Sostuvo que la autoridad competente, el Tribunal Contencioso Administrativo, calificó la impugnación del Prefecto al informe de la Contraloría, de modo que César Umaginga espera que sea llamado a esas dos instancias para desvirtuar los hechos.
Añadió que por las razones expuestas, Blanca Guamangate no puede asumir la prefectura mientras no esté ejecutado el acto administrativo del Contralor, por lo que anunció que presentarán un juicio penal por arrogación de funciones.
Por último, Lourdes Tibán expresó que “conocemos que a pesar de no tener quórum la Viceprefecta de Cotopaxi, el día de hoy estaría legalizando su firma en el Banco Central con el apoyo del gobierno nacional”.
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