El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión vespertina, recibió, a través de video conferencia con la Casa Legislativa de Guayaquil, los criterios de Sonia María Crespo, de la Fundación Familia y Futuro; y, Javier Aguirre del Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos; y, en Quito, de Verónica Vela, del Grupo Salud y Mujeres; y de Gabriel Buitrón, del Grupo Diabluma.
Sonia María Crespo advierte que la aplicación del artículo 142 de la normativa abriría las puertas a un aborto libre en el país, por lo que pidió eliminar del Código la figura del aborto no punible, mientras que Javier Aguirre objetó la despenalización de todos los casos de aborto como consecuencia de violación.
Entre tanto Verónica Vela señaló que en el Ecuador se registran anualmente alrededor de 95 mil abortos, cifra que está subestimada por la ilegalidad, a la vez que sostuvo que el aborto es la primera causa de morbilidad femenina en el país. El aborto por violación debe ser una opción para todas las mujeres, enfatizó.
A su vez, Gabriel Buitrón, del Grupo Diabluma, al recordar que existen países donde se ha despenalizado el consumo de droga, apoya este consumo por prescripción médica, asegurando que las cárceles no son solución para los consumidores.
El debate se reanudó con la intervención del legislador César Rodríguez, quien aseguró que el Código pretendía ser de garantías penales, pero se ha convertido en punitivo, al expresar que la reforma penal no se compadece con la Constitución garantista de derechos.
Al exhortar a implementar correcciones de fondo, manifestó que “no se puede revictimizar a la mujer violada”.
Jorge Escala subrayó que se requiere desechar las contradicciones, especialmente en lo que se refiere a la violencia intrafamiliar y que “a pretexto de combatir la inseguridad, en la normativa pesa más un contenido reaccionario”.
Paco Fierro aseveró que hubiese sido pertinente integrar una comisión multipartidista que prepare un proyecto penal alternativo. “La propuesta gubernamental tiene un origen perverso y con tinte ideológico; la reforma penal es un instrumento para perseguir a líderes barriales, gremiales, la prensa”, reiteró.
El legislador Alfredo Ortiz resaltó la decisión de la Asamblea Nacional de tramitar un Código Penal y no ir a reformas parches, por lo que tienen la responsabilidad histórica de sacar una herramienta penal que ayude al sistema judicial.
Por su parte María Augusta Calle aseveró que el abuso sexual debe ser sancionado drásticamente y sugirió que se incrementen los márgenes entre las penas menores y mayores, de los diferentes delitos.
El primer vicepresidente de la Asamblea, Juan Carlos Cassinelli, al subrayar la necesidad de contar con un nuevo Código Penal, recordó que el tratamiento de las adicciones constituye un problema de salud pública. Hay que diferenciar la situación del enfermo y del expendedor de droga, recalcó, al anotar que no apoya el aborto en ninguna de sus manifestaciones, excepto cuando esté en peligro la vida de la madre.
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