En la sesión vespertina del Pleno, en la que continuó el tratamiento del Libro II del proyecto de Código Integral Penal, asambleístas de distintas bancadas legislativas destacaron temas como la criminalización de la protesta; seguridad; penalización del consumo de drogas; delincuencia; acumulación de penas, operaciones encubiertas, procedimientos y significados, conversión de la acción; medidas cautelares; entre otras.
Sobre el artículo 493, referente a las operaciones encubiertas, manifestó que esta disposición es discrecional, no establece para qué tipos de delito se procederá con operaciones encubiertas. Debería ser el juez quien autorice la intervención de un agente encubierto, agregó
Comentó que la proporcionalidad entre la magnitud de la injerencia estatal y la gravedad del delito a investigar debe ser uno de los principios rectores en la aplicación de esta norma.
Sostuvo que a partir del Art. 395 hasta el 398 se sanciona a quienes jueguen carnaval; quien acumule basura en la vía pública, en terrenos o frentes de las casas, las personas que hagan algazaras; las personas que sin ser alcohólicos sean encontrados en cualquier lugar público en estado de embriaguez.
Por su parte Andrés Roche consideró que en este proceso de reforma se tienen dos visiones, en lo jurídico: quienes creen al igual que el 90% de los ciudadanos en aumentar las penas; acumulación de penas por número de delitos y número de víctimas, y elimina salidas anticipadas de prisión y “la otra visión prodelincuencial, conocida como “la mínima intervención penal”.
Informó que según una encuesta el 95% en Quito y el 88% en Guayaquil apoya la acumulación de penas, la que se puede considerar como un clamor de la gente, a la vez que expresó que el aumento de las penas no es la solución, pero sí parte de ella.
Fernando González sostuvo que “el gobierno, a través de propaganda, ha creado en el imaginario de la gente que la reforma penal traerá seguridad y justicia”, y que no entiende nada del derecho básico de la mujer en cuanto se refiere al ámbito del aborto, al tiempo de manifestar su inconformidad en contra de criminalizar la protesta social.
Guillermina Cruz, argumentó que en el proyecto consta el tema de la violencia intrafamiliar, pero no la sanción por violencia sexual y pidió que se rechace la despenalización del consumo de droga.
La legisladora María Soledad Vela manifestó que el consumo de drogas es un problema de salud, económico y social. Propuso que el organismo rector de las políticas de derechos humanos coordine acciones en la realización de programas de monitoreo sobre el tema del consumo mínimo de drogas.
Enrique Herrería, al reiterar que el Código Penal debe guardar armonía con lo establecido en la Constitución, dijo que éste necesita más tiempo para ser mejorado y sugirió que se invite a tratadistas, especialistas en derecho penal y académicos, a fin de que den sus aportes.
Marisol Peñafiel cree que es fundamental constitucionalizar el derecho penal y que se requieren procedimientos claros para que la Fiscalía cumpla su rol para perseguir el delito y al delincuente.
Argumentó que la sustitución de las medidas cautelares tiene que responder a actos debidamente motivados.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al manifestar que faltan cuatro intervenciones para culminar el debate del segundo tema de análisis, suspendió la sesión para mañana miércoles 11 de julio a partir de las 09h30.
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