Fundamentados en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución, el convenio 169 de la OIT; y, la Declaración de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas, el presidente de la Comisión Ocasional de Cultura, Marco Murillo, informó que con la presencia de nueve de los 12 integrantes de este organismo legislativo aprobaron los temas sustantivos que serán sometidos a consulta prelegislativa.
Al anunciar que se darán 24 audiencias provinciales y que cada asambleísta se hará cargo de dos provincias, precisó que éste es un hecho inédito en el Ecuador y el mundo, ya que es la primera vez que se llevará a cabo este proceso de consulta prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador que se sientan afectados en sus derechos.
Entre los temas a ser consultados constan los derechos de interculturalidad y plurinacionalidad; el patrimonio cultural; el sistema nacional de cultura, la memoria social; y emprendimientos cultuales, dijo Marco Murillo
Explicó que de acuerdo con el instructivo, al Consejo de Administración Legislativa le corresponde aprobar los temas sustantivos, para luego ponerlos a consulta en los pueblos y nacionalidades
Solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, socialice con los sectores involucrados cómo se va a desarrollar el proceso de la consulta, considerando que es necesario que se conozcan fechas y el procedimiento del mismo, tras resaltar que las comunidades han recibido con satisfacción la decisión de la Asamblea de realizar la consulta, ya que se hará realidad este anhelo tan esperado por los sectores sociales.
Murillo dijo que los primeros proyectos de ley a ser consultados a los pueblos y nacionalidades son la de Culturas y la de Recursos Hídricos y por ser los primeros se producirán dificultades al aplicar la consulta. Lo bueno es que se establecerá el camino para las otras propuestas legislativas como la Ley de Tierras; de comunas; derechos colectivos, subrayó.
Finalmente, rechazó las críticas de algunos sectores que con tinte político han señalado que no están de acuerdo con este proceso, argumentando que se lo debió hacer mediante ley, pero “a las comunas y comunidades no les interesa ese particular, sino el hecho que se cumpla lo establecido en la Constitución”.
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