Las atribuciones del Consejo de Gobierno, desarrollo sustentable, migración, turismo, entre otros, fueron los aspectos más tratados en el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo de Galápagos.
El legislador Alfredo Ortiz, también representante de Galápagos, reconoció que la Comisión de Gobiernos Autónomos modificó sustancialmente la propuesta gubernamental e informó que la población insular quiere que se garantice un desarrollo sustentable verdadero.
Dijo que es necesario darle competencias al Consejo de Gobierno, especialmente en la planificación del desarrollo sustentable.
Así mismo Grace Almeida consideró que se requiere buscar un equilibrio sostenible a largo plazo y observó las atribuciones del Consejo de Gobierno, al tiempo que propuso la creación de permisos especiales para profesionales científicos nacionales e internacionales.
Por su lado el legislador Gerónimo Yantalema, al recordar que en Galápagos también existen pueblos indígena, como los Salasaca, pidió que se los considere en la normativa.
Por su parte la asambleísta Betty Carrillo saludó a los cerca de seis mil salasacas que realizan trabajo artesanal en esa provincia y manifestó que los estudios de impacto ambiental deben ser socializados con la población insular.
Francisco Ulloa pidió que se tomen en cuenta aspectos como que Galápagos también es considerada patrimonio mundial en peligro. Observó aspectos sobre la constitución del Consejo de Gobierno de Galápagos y la razón de la Junta de Manejo.
Fernando González denuncia la permuta de tierras agrícolas por zonas protegidas entre el Parque Nacional Galápagos y el Gobierno de Santa Cruz.
“Cuidar y proteger el Archipiélago es nuestra responsabilidad, porque es un patrimonio declarado por la Unesco”, afirmó María Paula Romo, al recordar que en el 2007, Galápagos entró en la lista de lugares emblemáticos en peligro.
Informó que el año 1962, existían 2 392 personas; en el 2010, 25 124; y, para el 2030, se espera, 70 mil habitantes, al tiempo de analizar temas relacionados con los incentivos, trato a la embarcaciones nacionales y extranjeras, entre otros aspectos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al cerrar el debate, pidió a los legisladores que, en el plazo de 72 horas presenten observaciones por escrito ante la Comisión de Gobiernos Autónomos y clausuró la sesión 177 del Pleno.
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