En el afán de que las leyes secundarias se ajusten a la norma constitucional, en la sesión 194 del Pleno, asambleístas manifestaron su posición frente al proyecto de Ley derogatoria del Sector Cafetalero.
Unos legisladores consideraron que la propuesta no perjudica a los campesinos y que no hay que confundir los intereses de este sector con el de los grandes comerciantes y productores del café, que siempre estuvieron beneficiados por una entidad privada; mientras, otros creen que no debe desaparecer el Consejo Cafetalero Nacional, hasta que se establezca una propuesta alternativa con políticas económicas dirigidas al agro.
En este marco, el asambleísta Gilmar Gutiérrez, al difundir testimonios de algunos productores del café de varias provincias del país, quienes piden el apoyo para este sector, dijo que el Consejo Cafetalero Nacional no debe desaparecer ya que perjudicaría a los campesinos y montubios.
De su lado, el legislador Gerónimo Yantalema indicó que en el país hace falta políticas económicas que beneficien al agro para que los pequeños y medianos productores del café retomen la producción, así como sistemas de producción calificados; no existe la suficiente renovación de plantaciones cafetaleras, por ende preocupa que se derogue la Ley del Sector Cafetalero sin tener una normativa que garantice los derechos de los caficultores.
Entre tanto, Virgilio Hernández sugirió reflexionar acerca del año en que fue expedida esta ley, que establece un ente privado como rector de las políticas y demás acciones, tales como la regulación de precios y niveles de calidad, cuando la Constitución, en su artículo 154, determina claramente que los ministerios tienen la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo.
Recordó que, por más de cuatro décadas, el Consejo Nacional del Café ha beneficiado a grandes productores y exportadores, al tiempo de sostener que la derogatoria no deja desprotegidos a los campesinos o a las familias que se dedican a esta actividad, puesto que crea una obligación financiada con recursos públicos, con la respectiva fuente de financiamiento. Por tanto, lo conveniente es adecuar las normas secundarias a lo que determina la Constitución, a efectos de que, en este caso, el Ministerio de Agricultura asuma las competencias del Consejo Nacional del Café, en procura del beneficio para más de 1 500 personas que se dedican a este actividad, agregó.
Mientras, el legislador Jorge Escala aseguró que no es pertinente derogar la ley y eliminar el Consejo Cafetalero Nacional, al tiempo que el asambleísta Luis Almeida precisó que el problema del café es de producción, con respecto a otros países.
Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, clausuró la sesión 194 del Pleno y pidió a la Comisión de Soberanía Alimentaria prepare el informe para segundo debate.
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