Informe y nexos de caso Duzac fue entregado a los medios de comunicación

Jueves, 01 de noviembre del 2012 - 18:40 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, junto a varios asambleístas, entregó a los medios de comunicación copias del informe del caso Duz y los anexos respectivos.

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Dijo que con la documentación en mano, se puede dar cuentas de toda la información que se obtuvo de los diferentes medios, inclusive la no verificada, que es parte del informe, y que la investigación contiene cerca de un millar de hojas, por lo que no es verdad que se haya ocultado la información.

Aclaró que en anexo e), constan absolutamente todos los email, incluidos los que el Secretario le entregará respecto a la comunicación a la que se refiere el asambleísta Andrés Páez, en el sentido de que existe una comunicación dirigida por señor Duzac al presidente Ejecutivo del Banco Cofiec, Gino Caicedo, con copia a Pedro Delgado.

Recordó que en la resolución del Cal, se considera que algunos medios de información han publicado una serie de artículos, sin que se pueda evidenciar que esa información haya  cumplido lo que determina el Art. 18 de la Constitución, es decir, verificada, por lo que se recomienda que el Defensor del Pueblo, investigue y precautele los derechos de los ciudadanos a recibir información, veraz, verificada, contextualizada, oportuna, plural  y sin censura previa.

En este sentido precisó que la Comisión recomienda que la ciudadanía realice un control social sobre la información que emiten los medios de comunicación, a la vez que advirtió que ciertos sectores políticos, con la intensión de manipular la información, llegaron a decir se pedía sanciones a los medios de comunicación, lo cual no se ajusta a la verdad.

La legisladora informó que el día de ayer en representación de la Comisión entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el informe del caso Duzac, en el marco de la responsabilidad encargada por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, quien dispuso que se investigue el crédito otorgado por el Banco Cofiec al señor Gastón Duzac.

Al referirse a la responsabilidad que tuvo el organismo legislativo manifestó que en el oficio de entrega al presidente Cordero, en lo fundamental advierten que existen conclusiones y recomendaciones que necesitan dar un seguimiento a la investigación, en donde sugieren que sea el organismo competente, es decir, la Fiscalía General del Estado la que haga el seguimiento de la investigación, por considerar que las irregularidades identificadas, verificadas en la información pueden dar lugar a la tipificación de delitos que corresponde a esta instancia de justicia.

Otra de las recomendaciones dijo, es que el informe sea conocido por el Pleno de la Asamblea; se haga público a la ciudadanía; que se inicie la investigación sobre otros créditos y sobre la administración, especialmente, de las empresas incautadas en el marco de que los organismos de control presenten información de los resultados que han hecho sobre su intervención, en el ámbito de su competencia, sobre el “salvataje bancario”, sobre el proceso de saneamiento, sobre el proceso de incautación, de venta de bienes incautados, sobre el proceso de la entrega de los depósitos a los ciudadanos que fueron afectados por la crisis bancaria.

“Estamos demostrando al país que hemos cumplido la responsabilidad que nos delegó el CAL, que fue contextualizar y verificar una información que ya existía, pero que no daba cuenta de los hechos que se habían producido y que para el efecto la Comisión ha distinguido diferentes períodos: inicio del crédito, todo el proceso hasta llegar a un informe de la gerencia de crédito y del comité de crédito; luego todo el proceso hasta que llegue a manos del directorio y apruebe el desembolso de los 800 mil dólares, que identifican plenamente a quien fueron depositados, es decir, el 50% a la empresa Scanbuy y el 50% a una cuenta en el exterior del señor Duzac, además que no se configuraron las garantías; y que esas garantías fueron ofertadas por funcionarios de empresas incautas y es en donde se configuran irregularidades, que tienen que determinarse los delitos que se dieron, por la autoridad competente”, concluyó.

RSA/pv

 

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