Cerca de 500 personas de las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas y del cantón La Concordia, se dieron cita al Pleno de la Asamblea Nacional, para seguir de cerca el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Creación del Cantón La Concordia y a la Ley de Creación de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En el debate de este tema, se dieron dos posiciones. Los asambleístas de la provincia de Esmeraldas: Línder Altafuya, César Gracia, dijeron que por historia La Concordia pertenece a esta provincia, por tanto, se respete lo que se establece en el Registro Oficial del 26 de noviembre de 2007, tras asegurar que es inconstitucional pretender arrebatarle a Esmeraldas el cantón La Concordia. El asambleísta Lenin Chica propuso archivar el proyecto y subrayó que seguirá luchando por La Concordia.
Mientras que desde las otras bancadas legislativas, los asambleístas coincidieron que se debe respetar la voluntad del pueblo de La Concordia que en la consulta popular del 5 de febrero de 2012, optó por pertenecer a Santo Domingo de los Tsáchilas. No podemos caer en desacato por no respetar los resultados de la consulta popular de La Concordia que son de obligatorio cumplimiento, pues el 64,92% del pueblo se pronunció por pertenecer a Santo Domingo y hay que obedecer el mandato del pueblo, enfatizaron.
Exhortaron para que impere la unidad entre las dos provincias, que cese la pugna y trabajar mancomunadamente por el progreso de todos, con respeto a la Constitución y la decisión de los concordenses.
Gabriel Rivera señaló que cuando llegue el momento de votar por este proyecto lo hará con el corazón. El pueblo de La Concordia no votó en contra del pueblo de Esmeraldas, sino en contra de algunas autoridades.
A su vez, Tito Nilton Mendoza analizó la importancia de los derechos de participación de la gente y se preguntó qué validez jurídica tiene la consulta popular, por lo que propuso que se suspenda la votación, mientras que la asambleísta María Augusta Calle mocionó que la Corte Constitucional se pronuncie, en el supuesto no consentido, que la Asamblea Nacional desacate el pronunciamiento de La Concordia.
El presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, al suspender la votación del proyecto, solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Asamblea que prepare un informe jurídico para que los legisladores tengan la certeza de lo que puede pasar en caso de que la Función Legislativa desacate la decisión popular pronunciada en las urnas el 5 de febrero del 2012.
Recordó que el artículo 106 de la Constitución establece claramente sobre la aprobación de un asunto propuesto en referéndum o en consulta popular, en el sentido que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento.
De su lado, Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos recordó que este organismo legislativo envió a la Corte Constitucional el proyecto sobre La Concordia, instancia que no se pronunció.
JLVN/pv
