Según la resolución del Consejo de Administración Legislativa, CAL, la Comisión Especializada de Participación Ciudadana y Control Social, analizará el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, relativo a la rendición de cuentas.
La propuesta norma la obligación constitucional de rendición de cuentas, estableciendo sus objetivos, actores, requisitos, procedimiento y sanciones, así como las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Además deroga varios artículos referentes a la rendición de cuentas; contenido de la rendición de cuentas; obligados a rendir cuentas; y, monitoreo a la rendición de cuentas, y otros temas.
Según su autor, el asambleísta César Montúfar, la normativa busca mejorar la calidad de la democracia, permitiendo que los ciudadanos intervengan en la revisión de las acciones gubernamentales, participen en la formulación de políticas públicas y la planificación; observar la ejecución de planes, entre otras actividades que promueven la participación ciudadana y el cultivo de valores cívicos en la sociedad.
Su propósito es que la Ley Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenga a su disposición un mecanismo claro e inequívoco que no solamente obligue a los funcionarios públicos a rendir cuentas, sino que, al mismo tiempo, les dé el mecanismo que éstos deben seguir con tal fin.
César Montúfar argumenta que la rendición de cuentas se ha convertido en un instrumento que es utilizado de manera diversa, con alcances distintos y modalidades dispersas, con lo cual cada funcionario público entiende a su manera como debe rendir cuentas a la ciudadanía, interpretando unos como una ocasión para organizar dispendiosos actos sociales; otros como una oportunidad de realizar costosas publicaciones que tienen más un fin propagandístico que de rendición de cuentas, convirtiendo el mecanismo de transparencia de las gestiones públicas, en algo ajeno a su fin, con lo que no se logra el objetivo central de dar a conocer a la ciudadanía las actividades que un funcionario público ha realizado en un determinado período.
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