El proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, de iniciativa del legislador Andrés Páez, fue debatido en la sesión 204 del Pleno, que tiene por objetivo crear una unidad de defensa de las víctimas en la Fiscalía General del Estado.
En el debate de este tema el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente del proyecto, Mauro Andino Reinoso, señaló que los contenidos normativos materiales del proyecto de ley confunden la naturaleza jurídica y funciones de la Fiscalía y Defensoría Pública establecidos en los artículos 191 y 195 de la Constitución.
Indicó que la Fiscalía es un órgano de la Función Judicial que garantiza la intervención de la defensa de las personas investigadas y procesadas; en la investigación previa y demás etapas procesales, procura la participación del ofendido (víctima), además que dirige un sistema de protección de las víctimas y testigos.
En cambio, la Defensoría Pública es el órgano autónomo de la función judicial que garantiza la defensa gratuita técnica, integral, ininterrumpida y competente de cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad o indefensión por razones de índole económica o social y que no puede contar con los servicios de una defensa adecuada y profesional en el proceso penal, según lo dispuesto en los artículos 191 Constitución y 285 y 286 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Bajo estos parámetros, dijo que no es atribución de la Fiscalía, sino de la Defensoría Pública el garantizar la defensa de las víctimas por mandato constitucional. En el proyecto se utilizan varias imprecisiones jurídicas estigmatizantes de corte político, que incluso violan la presunción de inocencia como “reclusos peligrosos”, “delincuentes peligrosos”, que ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, en el informe se sugiere y recomienda el archivo.
De su lado, el autor del proyecto, Andrés Páez, dijo que las víctimas en el Ecuador están en total indefensión. “Existen 14 mil delincuentes que no han sido procesados, por negligencia de la Defensoría Pública. La gente pobre es la mayor víctima del actual sistema perverso y no hay nadie quien les defienda, por lo que propone que la Fiscalía cuente con personal especializado para proteger a las víctimas del crimen organizado.
En este sentido, dijo que las víctimas tienen derecho a tener asistencia legal por el Estado, de conformidad con lo que establece el artículo 75 de la Constitución, pues no hay que pensar que solo los delincuentes deben ser apoyados por abogados, a la vez que sugirió que la Comisión de Justicia modifique el proyecto, para presentar el informe para segundo debate.
En el debate varios asambleístas defendieron el informe de la comisión, argumentando que si la Defensoría Pública no cumple su función, como dice el proponente, no es argumento para crear un organismo paralelo y las propuestas legislativas tienen que sujetarse a lo que establece la Constitución.
Otros legisladores señalaron que no comparten la idea de archivar el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial y que más bien debe regresar a la Comisión para enriquecerlo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al indicar que existen 16 inscritos para dar sus observaciones a este cuerpo legal, suspendió el debate de este tema, a fin de incluirlo en los próximos días.
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