La Comisión de Participación Ciudadana profundiza el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control, que busca establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.
Así lo dio a conocer el asambleísta Juan Carlos López, quien recordó que la Constitución en su artículo 83, numeral 11 prevé como deber y responsabilidad de los ecuatorianos asumir la función pública, el rendir cuentas a la sociedad, por tanto, es obligación que todos los servidores públicos informen su gestión desarrollada en un período dado.
Subrayó que es importante que la ciudadanía pueda participar directamente en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, las personas jurídicas privadas que reciben fondos públicos, al igual que los dignatarios elegidos por votación popular y en general los servidores públicos descritos en el artículo 131 de la Constitución.
Recordó que la propuesta del asambleísta César Montúfar busca garantizar el ejercicio del derecho humano consagrado en la Constitución y en los instrumentos internacionales; asegurar a la sociedad el acceso a la información de manera periódica, sistemática y permanente de gestión.
Además, vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; prevenir y evitar la corrupción; y, contribuir al mejoramiento de la calidad del sistema democrático.
La rendición de cuentas de los actores obligados por esta ley se efectuará en los primeros tres meses de cada año calendario y comprenderá la gestión completa del año anterior.
Aseguró que luego del receso legislativo prepararán el respectivo informe que será sometido a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
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