Con 76 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó el proyecto de reformas a la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, considerando que violenta expresas disposiciones constitucionales que garantizan derechos como la igualdad, no discriminación, progresividad de los derechos y la irrenunciabilidad de los mismos.
Además el proyecto en mención contraría varias normas contenidas en tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador y no existe un estudio técnico actuarial de impacto que sustente la propuesta, en atención a la realidad económica y laboral del Ecuador.
En el debate de este tema, los legisladores de distintas bancadas legislativas señalaron que es un derecho de los trabajadores acceder a la jubilación especial digna y la Asamblea Nacional tiene que dar una respuesta urgente.
Al señalar que están de acuerdo con el archivo de este proyecto, precisaron que se debe incluir de manera urgente en la agenda del Pleno el tratamiento del proyecto de autoría del parlamentario Stalin Subía, a través del cual se Interpreta del artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, publicado en el Registro Oficial No. 153 del 21 de marzo de 1989, en el sentido de que el valor establecido en dicho artículo se entienda como dos centavos de sucre hasta el 10 de enero del 2000 y a partir del 11 de enero del 2000, como dos centavos de la moneda de curso legal en el Ecuador, con la finalidad de proteger a este grupo de personas para que no se violenten sus derechos adquiridos de obtener la jubilación especial.
No es justo que a pretexto de que no se especifica que el pago es en sucres o dólares los aportes para la jubilación especial para los trabajadores de la industria del cemento, no existan los recursos para pagar a los jubilados su correspondiente jubilación especial.
También dijeron que es fundamental defender esta jubilación especial, a la vez que destacaron el esfuerzo de este grupo de personas en la construcción del país.
Es claro que las empresas de cemento han irrespetado los derechos de los trabajadores, por tanto, hay que dar solución urgente al clamor ciudadano, es decir, velar por los afectados de la industria del cemento, en sus derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales, para una jubilación digna.
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