La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, por unanimidad de los presentes (6) aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, de iniciativa del Contraor General del Estado, Carlos Polit, en su calidad de presidente de la Función de Transparencia y Control Social en el 2011.
Así mismo, configura un sistema nacional de políticas, normas y procedimientos que las entidades integrantes de la Función de Transparencia y Control Social, en sus ámbitos de trabajo, deben adoptar para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias.
También pone en marcha la conformación del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, de acuerdo con los postulados constitucionales encargada de formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana, combate a la corrupción y protección de los derechos de las y los ciudadanos.
El proyecto contiene 20 artículos y en su capítulo I se propone regular y fortalecer la estructura institucional y funcionamiento de esta función estatal constituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y las Superintendencias legalmente constituidas; y prescribe sus funciones y atribuciones, potestades y obligaciones en el ámbito de sus competencias, a fin de que puedan actuar y ejercer de manera plena sus acciones de control, veeduría, prevención y combate a la corrupción.
En el capítulo II se establecen los principios que apoyan el accionar de esta función del Estado, como son: independencia, autonomía, transparencia, control social, rendición de cuentas, participación ciudadana, equidad, responsabilidad y coordinación.
En el capítulo III se enuncian los objetivos y propósitos institucionales; mientras que en el IV se especifican los organismos que conforman la Función de Transparencia y Control Social; el capítulo V habla sobre el Sistema Nacional Integrado, que constituye el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos que articulan las acciones de los organismos integrantes de la Función.
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