En la continuación de la sesión 210 y con la presencia de extrabajadores cementeros, el Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de Ley Interpretativa del Artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial para los Trabajadores de la Industria del Cemento, de autoría del legislador Stalin Subía.
La legisladora Marisol Peñafiel dijo que el pedido de los trabajadores se acoge a la Constitución, más aún cuando este grupo de personas entregó su vida para hacer crecer a la industria del cemento. Hay que tomar en cuenta que los artículos 32, 33 y 34 de la Carta Magna les garantiza a los trabajadores el derecho a la salud, trabajo y seguridad social, por tanto, tiene que corregirse el artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial para los trabajadores de la Industria del Cemento con la interpretativa para que esté acorde con el tipo de divisa o moneda en curso. Los derechos no se mendigan porque son irrenunciables dijo.
De su lado, María Molina al señalar que está a favor del proyecto, dijo que es obligación de la Asamblea hacer viables los derechos establecidos en la Constitución. Recordó que en el año 1989 se promulgó la ley para la jubilación especial para los trabajadores de la industria del cemento, pero al darse lugar al cambio de moneda en el año 2000 se generó un vacío legal que impide el cumplimiento de esta disposición dejando en el limbo la jubilación especial, por ello, la propuesta de Stalin Subía busca dar solución a esta problemática. Sugirió cambios en la disposición general para que la ley sea mandatoria, a la vez que pidió incluir una disposición transitoria para beneficiar con el proporcional a los trabajadores despedidos antes de los 25 años.
Kléber García dijo que es hora de implementar una solución a la problemática de los trabajadores cementeros y que comparte la necesidad de incorporar una transitoria para que se haga efectivo el pago proporcional a ex y actuales obreros de la industria del cemento, criterio que fue compartido por el asambleísta Luis Morales
De su lado, Mauro Andino señaló que hay que garantizar los derechos de los trabajadores y evitar un perjuicio económico. No hay que mantenerse indiferentes al clamor de este grupo ciudadano que prestó sus servicios en la cementera, pues la Constitución establece claramente que la Asamblea es el órgano con potestad normativa para adecuar las leyes, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Luego de la intervención de los parlamentarios, el presidente encargado, Juan Carlos Cassinelli, cerró el debate de este tema y clausuró la sesión 210 del Pleno.
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