El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, Fernando Vélez, manifestó que el proyecto se adecuó a las normas constitucionales y tratados internacionales sobre la materia.
Además se precisa de mejor forma las garantías sobre los bienes o servicios que producen u ofertan en venta o distribución los proveedores. Se incluye lo relativo a la confidencialidad de datos, obligación de servicios básicos, proforma previa completa, obligación de visibilizar precios, el registro de proveedores, las hojas de reclamaciones como formas de protección de los usuarios y consumidores que deben observar los proveedores.
Resaltó que se garantizan los derechos de los usuarios de la salud para la atención gratuita emergente. En educación se establece la devolución de valores y costos de matrículas y reservas de cupos cobrados en exceso.
Vélez señaló que en materia de transporte terrestre se establecen obligaciones de los proveedores del servicio. En lo que respecta al transporte aéreo dijo que a más de haberse mejorado la redacción de varios artículos, se consideró oportuna la cesión del contrato y no el endoso del ticket, pues no es un título valor en forma alguna.
Se determinan los plazos y la compensación cuando se produzca atraso o cancelación de vuelo que no sean por caso fortuito o fuerza mayor, así como el derecho a postergar el vuelo en las mismas condiciones pactadas para el usuario y evitar los abusos de las compañías de transporte aéreo, en especial sobre cambio de fecha de vuelo, proporcionalidad del precio, respeto de reservas, oficinas para reclamos y vigencia territorial de la ley.
Resaltó que se reformularon las competencias del Defensor del Pueblo respecto a las atribuciones dadas a los organismo de control como es el caso de las superintendencias, a fin de no invadir las mismas sino más bien complementarlas a favor de los usuarios.
El asambleísta precisó que el proyecto de ley recibió un sinnúmero de observaciones de diferentes asambleístas, gremios, organismos públicos y privados, que aportaron con sugerencias para mejorar o ampliar los derechos de las personas usuarias y consumidoras.
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