El asambleísta ecuatoriano Virgilio Hernández, al referirse al desarrollo en peligro: subsanar las lagunas legislativas para combatir las catástrofes naturales del mañana, subrayó que la encrucijada en la que se encuentra la humanidad y en particular los parlamentos del mundo, responsables de proteger mediante la legislación sus derechos, debe llevar a los asambleístas a una urgente y radical crítica y autocrítica, que evite convertirse en normadores de políticas para afrontar desastres naturales que pudieron haber sido prevenidos y atenuados.
Por ello, dijo, se deben desarrollar y apoyar iniciativas en los foros mundiales para enfrentar el cambio climático y amortiguar sus impactos, como por ejemplo, la presentada por el Ecuador de emisiones netas evitadas que pretende que el mundo desarrollado y en desarrollo compense al Ecuador por no explotar el petróleo en la selva amazónica.
Fiscalizar, vigilar y dar seguimiento para que los planes de desarrollo y por ende los presupuestos, incorporen una visión integral que permita incluir a los diferentes actores públicos y privados para prevenir y enfrentar los riesgos de la naturaleza; identificar los riesgos existentes y potenciales; democratizar la información para gestionar el riesgo; así como articular acciones en caso de desastres.
Sugirió que se expidan normas muy claras respecto del ordenamiento territorial que permitan una utilización adecuada y sustentable del suelo para evitar que se afecte a la soberanía alimentaria dedicando áreas agrícolas a la expansión de las ciudades y, al mismo tiempo, impidiendo el crecimiento desordenado de las ciudades y la especulación abusiva del suelo urbano que impide el acceso a los sectores más pobres de la población a zonas apropiadas y no en lugares de inminente riesgo como quebradas, laderas, lechos de ríos, entradas o brazos naturales del mar e incluso playas sin la adecuada regulación.
Establecer leyes que permitan la gestión de riesgos que incluya acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten a los territorios y que impliquen de forma obligatoria la gestión concurrente y articulada de las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable con los gobiernos subnacionales y la participación ciudadana.
Virgilio Hernández, explicó que los gobiernos municipales o subnacionales deberán adoptar obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos con el propósito de proteger a las personas, colectividades y la naturaleza. En Ecuador se expidió en octubre de 2010, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que establece normas muy claras respecto de la competencia de gestión de riesgos y de la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, recordó.
Sobre qué pueden hacer los Parlamentos del mundo para un uso sostenible de los recursos naturales y para remediar las catástrofes de ahora y del mañana el legislador mencionó que se debe incluir en las constituciones disposiciones encaminadas a considerar los derechos de la naturaleza; la promoción de normas tendientes a establecer el derecho humano universal al agua potable y al acceso pleno a los beneficios del saneamiento ambiental.
Por ultimo, destacó que en el Ecuador, en la Ley de Discapacidades se contempla la ubicación geosatelital de personas con discapacidad para evacuación en desastres naturales y permite su adecuado monitoreo, iniciativa que ha sido recogida por otros países e incluso se está replicando programas similares a la Misión Manuela Espejo, para la protección de grupos de atención prioritaria.
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