En la sesión 222 del Pleno, los asambleístas debatieron el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención y Contaminación Ambiental, por el cual se propone regular de forma eficiente la contaminación ruidosa del ambiente, en espacio interno y externo.
En el análisis del cuerpo jurídico, el legislador Paco Moncayo Gallegos recordó que en la ordenanza 213, aplicada en Quito, constan como fuentes fijas las emisiones de ruido desde un inmueble; y, como fuentes móviles, los aviones, autobuses, automóviles, motociclistas, equipo y maquinaria, aparatos y equipos de amplificación, entre otros.
Pidió incluir en la normativa temas como la vigilancia, sanciones, procedimientos para sanciones, participación ciudadana, observatorios y veedurías.
Sugirió hacer una legislación comparada con la Ley de Ruido española, que contiene disposiciones generales; prevención y corrección de la contaminación acústica; inspección y régimen sancionador, con planificación territorial, intervención administrativa, autocontrol de las emisiones, edificaciones reservas de sonidos de origen natural y otras.
Para planificar medidas de prevención y corrección se requiere de criterios homogéneos de medición de ruido; categoría de calidad acústica (representa objetivos de calidad acústica de cada área acústica en que se divida el territorio) y zonas de servidumbre acústica, añadió.
De su lado, Xavier Tomalá, de la provincia de Santa Elena, resaltó que la normativa es importante por cuanto tiene que ver con la contaminación de moda, o la contaminación acústica, al precisar que las playas se convierten en centros turísticos de espectáculos que cuentan con potentes equipos de amplificación, por lo que pidió se considere a los vehículos con altoparlantes y equipos de amplificación en espectáculos públicos dentro de la contaminación ambiental.
En el tema de los mapas acústicos, para el control de la contaminación, solicitó se considere a la población residente o flotante para que se amparen las ciudades que no tienen los cien mil habitantes, que los fines de semanas y días feriados tienen una población mucho mayor a la establecida.
Así mismo, María Molina, de Cañar, al señalar que la reforma es de vital importancia para el buen vivir de las personas, aseguró que ya era hora de que se trate el tema del ruido que, a su juicio, sería prudente darle el carácter de ley orgánica. Sugirió cambios en aspectos como planes de acción y emisiones acústicas.
Para la asambleísta Betty Carrillo, de Tungurahua, es indispensable definir niveles de cooperación y competencias de los organismos responsables; en el tema de emisores acústicos, hay que incorporar el uso de sirenas, explosivos, acción lúdica y publicitaria.
Mientras, César Rodríguez, de Pichincha, opinó que se debe tomar en cuenta las edificaciones destinadas a la industria, militares, portuarias, entre otras.
A la vez, la legisladora nacional Silvia Salgado subrayó que se requiere clarificar el objeto, ámbito, principios rectores e institucionalidad para cumplir el propósito, al preguntarse si no hay educación, cómo se puede lograr un control y mejoramiento del ambiente. Se debe afianzar la seguridad industrial de los trabajadores, precisó.
Luis Almeida Morán, de Guayas, consideró que la normativa debe denominarse de Prevención y Control del Ruido, por lo que es fundamental trabajar por un sonido optimizado, a fin oír bien.
Al cierre del primer debate, Rolando Panchana, presidente de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, que elaboró el informe, explicó que no pueden ingresar otros capítulos a la normativa calificada por el Consejo de Administración Legislativa, por tanto, el organismo recogerá las observaciones que considere pertinentes para mejorar el proyecto, en el informe para segunda discusión.
RSA/eg
