Los parlamentarios debatieron en primera instancia la reforma al artículo 968 del Código de Procedimiento Civil, que permitirá solucionar el vacío legal respecto del procedimiento judicial de excepción a las coactivas, específicamente en lo relativo a la regulación de la consignación de los valores.
Gabriel Rivera, autor de esta iniciativa, recordó que si alguien quiere presentar una excepción a un procedimiento que cobre la coactiva, necesariamente hay que consignar el valor correspondiente a la deuda supuesta, con los intereses y las costas judiciales, si es que estoy litigando en mala fe. Sin embargo esa reforma, el error que comete es no decirle al ciudadano en dónde tiene que hacer la consignación o el depósito de esos valores, según sea el caso.
Pidió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside el asambleísta Mauro Andino, mencione a la Sala de lo Contencioso Administrativa de la Corte Nacional de Justicia, al solicitar que la devolución de los valores consignados sea regulada, por lo cual planteó que se agregue que una vez ejecutoriada la sentencia y, de ser el caso el juez, ordenará inmediatamente la devolución de los valores consignados, descontando las respectivas costas procesales o valores a los que hubiere lugar.
Aseguró que con esta propuesta se garantizaría el derecho y acceso gratuito a la justicia y el de la tutela expedita de los derechos de los recurrentes.
Entre tanto, el asambleísta Rolando Panchana enfatizó que coincide con la necesidad de que se aclare el procedimiento que debe seguirse en caso de las acciones que se interponga en los juicios coactivos y que la consignación se haga a través del Banco Central del Ecuador.
No obstante, para una mejor claridad de la reforma propuesta, sugirió que presentada las excepciones a las coactivas, las Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial del Justicia correspondiente la aceptará a trámite, fijará la consignación de la cantidad que se debe, que incluirá deuda, intereses y costas, y dispondrá su consignación en el Banco Central en el término de cinco días contados desde la notificación del auto de aceptación del trámite de excepciones a la coactiva.
Este texto es más claro y exacto y determina con absoluta precisión el contenido de la reforma propuesta por el asambleísta Gabriel Rivera, agregó.
De su lado, Rocío Valarezo, segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien estuvo al frente de conducción de la sesión 222 del Pleno, recordó a los legisladores que pueden enviar sus observaciones a la comisión, dentro de los próximos tres días, con la finalidad de que el organismo legislativo prepare el informe para segundo debate.
El análisis de este proyecto de Ley coincidió con la presencia de estudiantes del Colegio Luciano Andrade Marín, quienes conocieron el salón Nela Martínez, donde sesiona el Pleno.
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