Previo al inicio del segundo debate del proyecto de Código Integral Penal, los asambleístas escucharon a las representantes de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, de los Movimientos de Mujeres y Feministas, del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Federación de Profesionales de la Salud, quienes piden que se excluya de la normativa la discriminación a la mujer.
Recordaron que el aborto es la segunda causa de muerte materna en el país, que una de cada 4 mujeres sufre violencia sexual en el país y que el 30% de esas violaciones terminan en embarazos no deseados y no planificados, a la vez que recordaron que el Código Integral Penal sanciona a los profesionales de salud con seis meses de pena privativa de libertad si practican un aborto.
Además, solicitaron que se incluya la figura de violación del cónyuge; así como tipificar la violencia sexual intrafamiliar. En este tema, señalaron que de los cuatro millones de mujeres que han sufrido violencia por ser mujeres solo 70 000 han denunciado, pero apenas el 12% han tendido sentencias acusatorias, por lo que insistieron en tipificar la violencia sexual y patrimonial para evitar la impunidad.
Virginia Gómez de la Torre, del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, aseguró que las denuncias en la Fiscalía son entre 10 y 11 diarias por violaciones. Además, en los últimos años, se han incrementado los casos de violación contra niñas de 10 y 14 años de edad y a causas de éstas, problemas de salud muy considerables.
Añadió que es una carga inexigible para las mujeres obligarlas a mantener un embarazo que no desean por el temor a la sanción penal, al tiempo que solicitó que se actualice el Código Penal pensando en las madres, esposas, e hijas y agradeció a todos aquellos que están aliados a esta causa de justicia y libertad.
Rechazo a responsabilidad profesional
Alberto Narváez, de la Confederación de Profesionales de la Salud, presentó varias observaciones en lo que se refiere a la mala práctica profesional, en particular, a la mala práctica médica y a la responsabilidad profesional.
Dijo que al cambiar en el texto del artículo 145 la palabra culpa por el texto "infringir un deber objetivo de cuidado" se incluyen todas las negligencias sin considerar el nivel de culpa, por lo que propuso que solo las negligencias graves consten en la normativa.
Sesión sigue el jueves
La presidenta (e) de la Legislatura, Rosana Alvarado, después de conocer la posición de siete organizaciones sociales, anunció que este jueves, a partir de las 09h00 se iniciará el debate.
La segunda jornada de trabajo se iniciará con la intervención del asambleísta ponente del informe y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso. 18 Asambleístas se inscribieron hasta este miércoles.
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