Luego de dos años y medio de vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria, autoridades del sector coincidieron en que existen debilidades en la normativa que deben ser corregidas para dar un mayor impulso a este segmento de la economía del país.
Patricio Murriel, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, anunció que esta cartera de estado prepara un documento sobre reformas a la economía popular y solidaria que, a más tardar, lo entregarán al presidente de la República en 15 días, para su posterior envío a la Legislatura para su trámite.
Las reformas que se plantearon al interior del organismo, por parte del superintendente Hugo Jácome, se orientan a evitar la duplicidad de registro de las organizaciones e instituciones que se dedican a procesos de producción y que son parte de la economía popular y solidaria, por tanto, solicitó se defina el registro en la Superintendencia, al subrayar la necesidad de fortalecer a las organizaciones mediante el buen gobierno corporativo y determinar la corresponsabilidad de exgerentes, exadministradores en el mal manejo de la cooperativa o institución.
En el caso del sector asociativo dijo que al momento solo se permite establecer entidades proveedoras de servicios productivas a personas naturales y lo conveniente sería extenderlo también a las personas jurídicas, para que puedan construir organizaciones fortalecidas que les permitan ir a la nueva matriz productiva. Dijo que existen muchas organizaciones y redes que realizan actividades económicas y que están bajo el Código Civil, y de alguna forma encubiertas bajo el paraguas de integración económica y agrupan organizaciones y realizan actividades económicas que no están bajo el control y supervisión de nadie por lo que es necesario regular los entes de los actores económicos.
El Superintendente resaltó que la ley de Economía Popular y Solidaria, que se publicó en mayo del 2011, ha permitido establecer un proceso importante para estructurar a este sector a fin de establecer al menos cuatro pilares que permitan al Estado fortalecerlo con política pública, para ello se determinó la rectoría de la economía popular y solidaria creando el Comité Interinstitucional que se encarga de diseñar las políticas, la regulación hacia el sector no financiero y sector financiero de la economía popular y solidaria; determinar el ente de control que recae sobre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, así como el fortalecimiento y atención al usuario que permitan incorporar a los procesos de control y supervisión a las organizaciones de economía popular y solidaria, tomando en cuenta que al momento existen 3.500 cooperativas y cerca de 2.700 asociaciones
De su lado, Nelly Lara, del Instituto de Economía Popular y Solidaria, consideró necesario articular los cinco componentes de la economía popular y solidaria, con énfasis en la inclusión financiera, para fortalecer su actividad. Lo conviene es crear un directorio para coordinar las actividades de todos los sectores, agregó.
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