En la sesión 40, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, para este martes 4 de abril de 2010, a las 9H30, se abordarán tres temáticas: el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua; la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo de 2008; y el conocimiento y resolución de la renuncia de la asambleístas Betty Amores, a la Comisión de Fiscalización.
El proyecto, que contiene 266 artículos, tres disposiciones generales, 20 transitorias y derogatorias, tiene como avances significativos la prohibición de la privatización del agua sea a través de acuerdos comerciales de tipo nacional o internacional, que suponga la delegación al sector privado de la gestión del agua, la gestión indirecta, así como la prohibición de cualquier forma de servicio ambiental sobre el agua.
En cuanto al aprovechamiento del agua para la minería se armoniza el articulado con la Ley de Minería, cuyo artículo 61 establece que el aprovechamiento del agua deberá contar con un estudio técnico de la idoneidad de los trabajos que se realizarán, mientras que el artículo 79 determina que previa la devolución de las aguas utilizadas a su cauce natural, deberán ser tratadas para efectos de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución.
La actividad productiva de envasado de agua se contempla en el capítulo de las garantías normativas del título tercero del proyecto y se considera al envasado como una actividad de aprovechamiento productivo del agua, es decir, procesamiento, tratamiento o purificación de agua captadas de fuentes naturales o subterráneas y que estará gravado con una tarifa diferenciada. Adicionalmente, prevé el derecho preferente de las entidades públicas, comunitarias o de economía social y solidaria para ser autorizadas para aprovechar el agua para envasarla, así como la obligación de que se lo realice con materiales biodegradables; y, la excepción de que se envase agua de las redes públicas o comunitarias de agua potable.
Respecto al aprovechamiento de las aguas termales se establece que esta actividad podrá ser realizada por personas naturales o jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y otras formas de organización de la producción, teniendo preferencia para la autorización las solicitudes de entidades públicas, comunitarias o de la economía social y solidaria. De ser aprovechadas las aguas termales por el sector privado, se impone una tarifa diferenciada.
La normativa establece que la Autoridad Única del Agua es la encargada de la responsabilidad de la gestión, planificación, regulación y control de los recursos hídricos. Estará conformada por una Secretaría Nacional, un Consejo Intercultural y Plurinacional, una agencia de regulación y control; y, órganos desconcentrados que son las autoridades de demarcación hídrica y los consejos de recursos hídricos de cuenca y subcuenca. La Secretaría tiene personería jurídica y estará dirigida por un titular designado por el Presidente de la República, correspondiéndole la rectoría de las políticas públicas hídricas y de la gestión integrada e integral de recursos hídricos en todo el territorio nacional, lo que deberá hacer con sujeción a la Constitución, la ley, sus reglamentos y el Plan Nacional Anual de Recursos Hídricos.
En las disposiciones generales se establece que los Gobiernos autónomos descentralizados y las empresas públicas prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento, les corresponde la administración, operación, mantenimiento y gestión de la infraestructura en toda su integridad para el cumplimiento de sus fines
Comisión de Angostura
El presidente de la República, Rafael Corres, objetó tres artículos del proyecto de Ley de Protección e Inmunidad de la Comisión encargada de investigar y establecer los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo de 2008. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recomienda al Pleno allanarse al texto propuesto por el Jefe de Estado.
La propuesta sugiere ampliar la inmunidad tanto para los miembros de la comisión, al director ejecutivo y al personal que haya ejercido funciones y actividades que signifiquen involucramiento en tareas de investigación y obtención de información.
Propone que los miembros y aquellas personas que contribuyeron con la investigación, como denunciantes, testigos o informantes, deben ser quienes soliciten directamente a la Fiscalía que se les acoja dentro de su programa de protección de víctimas y testigos, mientras que la Fiscalía estará en la obligación de atenderlos favorablemente en forma inmediata y oportuna.
Renuncia
Los asambleístas en la sesión 40 conocerán y resolverán sobre la renuncia de la asambleísta Betty Amores a la Comisión de Fiscalización.
JLVN/pv
