El subsecretario del Ministerio de Finanzas, Fernando Soria, en su comparecencia ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, aseguró que les corresponde a los propios gobiernos autónomos descentralizados determinar el impacto que tendrá en sus presupuestos la aplicación de las tablas salariales previstas en la Ley del Servicio Público.Aseveró que los sueldos de los empleados de estos organismos deben financiarse con los recursos que por ley les corresponde percibir y cuya distribución está garantizada por la propia Constitución de la República.
Informó que el Ministerio de Finanzas en la base del Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (eSipren), no dispone de información de los distributivos de remuneraciones de los servidores que laboran en dichos organismos, pero sí dispone que los GAD´s, establezcan sus propios sistemas de información para control ciudadano.
Aclaró que los gobiernos autónomos no forman parte del presupuesto general del Estado, porque reciben transferencias que por Ley está obligado hacer el Ministerio de Finanzas.
A su vez, la presidenta de la comisión, Nivea Vélez, tras informar que en el marco de la preparación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Servicio Público han logrado acuerdos sobre estos temas con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y los servidores, dijo que es muy importante conocer cuánto significará para el Estado el alza o la homologación salarial con los municipios y los gobiernos locales.
Comentó que los servidores municipales tienen una escala salarial diferente al resto de los servidores, por lo que el Ejecutivo, a través de la Ley de Servicio Público, propone homologar los salarios en todos los organismo estatales, ante lo cual la Comisión sugiere que este proceso sea de manera gradual y progresiva, es decir, con un promedio por año del 20% por año, y en cinco años lograr el 100%, para no afectar económicamente a los municipios.
El subsecretario Fernando Soria reiteró que cada uno de los GAD´s tiene su propia competencia acerca de las remuneraciones, por lo que existe “un mundo totalmente diverso” en cuanto a remuneraciones en cada cantón, consejo provincial o junta parroquial, a la vez que recomendó a la comisión un análisis exhaustivo del tema, considerando que pueden haber municipios que al momento de homologar los sueldos no posean la suficiente capacidad financiera para cumplir.
Dijo que hay que identificar que si en la escala de la Senres el proceso de homologación será obligatorio para todos los municipios, ya que han acogido como marco referencial la escala de la Senres.
Puso como ejemplo a los municipios de la provincia de Galápagos que luego de la aprobación de la Ley que prevé un salario para sus servidores equivalente al doble del que reciben en el Ecuador continental, hicieron el análisis financiero y llegaron a la conclusión que no pueden cubrir la escala de los funcionarios sujetos al régimen municipal.
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