La asambleísta María Molina, vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, manifestó que el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, que se debate en la Asamblea, viabiliza el funcionamiento de dos entes que coordinan la participación social en esta materia: el Sistema y la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria.Indicó que la primera reforma facilita la actuación de la Conferencia y del Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria (SISAN), definiéndose a éste como el organismo encargado de establecer el nexo entre la sociedad civil y los diferentes órganos del Estado.
Tras señalar que en la reforma se incorporan otros entes como los ministerios de Agricultura, Salud, Educación y de la Producción, dijo que la Conferencia de Soberanía Alimentaria, se la integró con nueve miembros seleccionados mediante un concurso de méritos y oposición.
Explicó que se amplía a dos años el período de funcionamiento de la Comisión y garantiza la igualdad de representación de los diferentes entes que intervienen en la Ley de Soberanía Alimentaria y que conforman el Sistema Nacional.
Señaló que en el análisis de la propuesta se advirtió un conflicto de competencias entre la Conferencia, el Sistema Nacional de Sobereanía Alimentaria y las funciones Ejecutiva, Legislativa, instituciones de educación superior y centros de investigación científica, pues se les facultaba a controlar el cumplimiento de la ley, a delinear políticas públicas y suscribir convenios internacionales.
Enfatizó que la falta de recursos económicos no permite que funcione la Conferencia Nacional de Soberania Alimentaria, por lo que en el proyecto se establece que su presupuesto debe estar justificado por un Plan Operativo.
Informó que le corresponde al Ejecutivo expedir los respectivos reglamentos de la ley en un plazo razonable para que puedan funcionar tanto el Sistema Nacional cuanto la Conferencia de Soberanía Alimentaria
RSA/pv
