El bloque de Pachakutik, a través de los asambleístas Cléver Jiménez, Gerónimo Yantalema y Magali Orellana, demandó del Poder Ejecutivo respeto al marco constitucional en cuanto a las decisiones tomadas respecto a la preservación de los recursos de biodiversidad existentes en el Parque Nacional YasuníEl asambleísta Cléver Jiménez pidió la suspensión inmediata y definitiva de la exploración y explotación del Campo Armadillo, argumentando que dichas actividades vulneran el precepto constante en el inciso segundo del Art. 57 de la Constitución y las medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que el penúltimo inciso del Art. 57 señala que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva y prevé que el Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.
Pidió al presidente Correa respeto al marco constitucional en cuanto a las decisiones tomadas respecto de este tema, pues es de competencia de la Asamblea Nacional, previa declaratoria de interés nacional, autorizar la explotación de dichos recursos, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 407 de la Constitución.
Afirmó que es obligación de los ciudadanos e instituciones del Ecuador proteger hasta el último reducto del patrimonio natural del país y principal reserva de biósfera del planeta que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, así como procurar la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en la zona intangible.
Por su lado Magali Orellana, dijo que existen pruebas que confirman la actividad extractivista, y que además en un documento de Petroecuador se toman el nombre de comunidades para decir que de forma unánime se está aprobando esta actividad.
Indicó que existe un informe de impacto ambiental donde se manifiesta que el 84% del sistema biótico será afectado y que los daños en el Parque Nacional Yasuní y en las zonas intangibles serán de carácter irreversible.
“No pueden decir que por doscientas personas no van a sacrificar a 15 millones de habitantes”, subrayó, al anotar que es una violación clara de los derechos humanos y de los derechos colectivos de quienes solo quieren vivir en paz.
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