La asambleísta Viviana Bonilla presentó el proyecto de reformas el artículo innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Título V, libro II, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por el cual se pretende conminar al juez a que evalúe la situación económica de cada uno de los alimentantes, antes de establecer las medidas cautelares previstas en la ley.Actualmente los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: los abuelos; los hermanos que hayan cumplido 21 años, los tíos.
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los grados de parentesco señalados y de modo simultáneo, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada, o asumirla en su totalidad según el caso.
La reforma dispone que el juez para fijar la pensión alimenticia debe determinar que el demandado desempeña de modo estable una actividad económica rentable y no exclusivamente su capacidad económica o recursos actuales.
Igualmente, deberá tomarse en cuenta las propias necesidades básicas y otras obligaciones personales del alimentante.
La asambleísta Viviana Bonilla, indicó que hoy, la referida reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, relativa al Libro II del Título V: “Del Derecho a Alimentos” contempla algunas limitaciones y exigencias para el establecimiento de las mencionadas obligaciones subsidiarias, pero que las autoridades pertinentes a la hora de su aplicación han cometido errores e injusticias que la Ley debe evitar, razón o motivo principal que ha hecho necesaria la elaboración de este proyecto, destinado a incorporar las indispensables precisiones que otorguen la necesaria claridad.
Precisó que la reforma tiene como propósito impedir interpretaciones indebidas que puedan generar resoluciones injustas como la que recientemente conmocionó al país al haber ocasionado la muerte de un anciano que, bajo arresto domiciliario, sucumbió ante la presión por la imposibilidad de cumplir debido a su estado de necesidad, un mandato judicial que le impuso obligaciones alimentarias.
La reforma cuenta con el respaldo de los asambleístas, Juan Carlos Cassinelli, María Alejandra Vicuña, Lídice Larrea, Vanesa Fajardo, Gastón Gagliardo, Omar Juez, Rolando Panchana, Yandri Brunner, Aminta Buenaño, Carlos Samaniego.
RSA/pv
