En razón de que se ha definido un modelo de gestión descentralizada para administrar las competencias de tránsito y transporte terrestre, pensando en la seguridad de las personas, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Saruka Rodríguez, citó para este lunes 7 de junio, a las 15:00, al presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Paúl Granda, para que exponga sus criterios respecto de las reformas a la Ley de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial.La titular del organismo legislativo recordó que la Constitución, en su artículo 264, numeral 6, establece que corresponde a los gobiernos municipales planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal, por lo que conviene mantener una reunión de trabajo para debatir esta temática.
De esta manera, se busca que los sectores involucrados den sus aportes, sistematizarlos y estructurar un texto de consenso, acorde a la realidad del país y, sobre todo, ajustado al marco constitucional y demás leyes conexas, como por ejemplo el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que aborda materias fundamentales que deberán tomarse en cuenta en las reformas a la Ley de Tránsito, a fin de que guarden armonía y coherencia.
En la ley se debe regular claramente el tema de las ordenanzas, establecer directrices precisas sobre la realidad de cada localidad. Para que no existan conflictos de autoridad, conviene definir las funciones de la Dirección Nacional de Tránsito y el procedimiento para la transferencia de competencias a los organismos descentralizados. Hay que tomar en cuenta que los municipios requieren del apoyo de la Policía, si esto no está regulado en la ley, no existirá la eficiencia esperada, por lo que hay que determinar que el órgano rector es el Municipio y la Policía tiene que acatar sus políticas y ordenanzas.
Saruka Rodríguez señaló que la normativa debe definir en manos de quién debe estar el control de las carreteras, así como la redistribución de recursos para los organismos descentralizados, mismos que deberán ser equitativos entre todos los municipios.
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