El presidente de la Comisión de Organización Territorial, Virgilio Hernández, subrayó que el proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial No. 971 de 20 de junio de 1996 y Ley No. 2003-5 que busca, no solo facilitar la regularización de un asentamiento consolidado, como es el caso del barrio de Atucucho, en el que habitan más de 2 500 familias, que por aproximadamente 24 años no han podido regularizar la posesión legítima y de buena fe de sus predios, ocasionándoles graves problemas a alrededor de 17 mil pobladores, sino emprender en legislación de carácter social para garantizar el derecho al buen vivir, establecido en la Constitución.Indicó que Atucucho, terreno de propiedad del Ministerio de Salud Pública, es un caso “emblemático, porque es parte de esos procesos de desocupación que se produjeron en la década de los 80, poblado de familias -en su mayoría migrantes- para cubrir la necesidad fundamental de la vivienda”, que está ubicado en el noroccidente de la ciudad de Quito, pertenece a la parroquia Cochapamba, con una superficie aproximada de 66 hectáreas, en la que actualmente viven 2 500 familias, con una población de 17 000 personas.
Aseveró que la aprobación del proyecto permitirá que se faculte al Ministerio de Salud Pública la venta directa, sin subasta previa, a los actuales posesionarios de Atucucho; que el Ministerio de Salud Pública y el Municipio del Quito establezcan todos los mecanismo para viabilizar la venta directa del referido predio; que el precio de venta sea establecido por el Municipio de Quito, mediante el avalúo catastral; que las áreas verdes, públicas y comunales sean transferidas directamente al Municipio; que ningún posesionario sea adjudicatario de más de un predio; y, que el Municipio mediante censo determine cuáles son los legítimos posesionarios.
Recordó que, a partir de los años 70, se empezó un proceso de ocupación informal del suelo y que en muchos casos fue promovido por intereses políticos, con implicaciones como la profundización de la exclusión, la marginalidad, la discriminación jurídica; falta de seguridad en la posesión, en el acceso al crédito, vulnerabilidad en la posibilidad de desalojo; políticas clientelistas, paternalistas, con consecuencias económicas; se establecen costos prohibitivos de la regularización de accesos y servicios básico y muchos de estos casos han permitido la extorsión de malos o falsos dirigentes a quienes han buscado asentarse de esta manera, por la necesidad de tener una vivienda digna.
Insistió que con la Ley se pretende mantener su espíritu, que se haga por venta pública directa del Ministerio Salud a los posesionarios para garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna de los habitantes de Atucucho, para obligar al Ministerio de Salud, en convenio con el Municipio y con la participación de los moradores a legalizar los predios, a ratificar la autorización al Ministerio de Salud para la venta del predio, a facilitar la realización de la inversión pública y de la prestación de servicios por parte del Municipio, a brindar seguridad jurídica para la realización del proceso.
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