El ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, José Serrano, propuso modificar integralmente el proyecto de reformas a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, bajo los parámetros de la Constitución, presentado por la Procuraduría General del Estado.En el marco del Foro de Socialización y Debate de este proyecto, el funcionario también planteó reenviar al Código Penal toda la tipificación penal que se cree, a fin de evitar la dispersión jurídica.
Así mismo, manifestó que se debería definir, con claridad, la administración de bienes producto del lavado y narcotráfico, al puntualizar que no se puede construir una normativa sobre la base de elementos que no se ajustan a nuestra realidad y que constan en tratados internacionales.
No se puede pasar a la Unidad de Análisis Financiero la responsabilidad de hacer labor de inteligencia, que comete al Estado a través de organismos especializados, manifestó al sostener que se requiere replantear la institucionalidad de la administración de bienes producto del lavado de activos, narcotráfico, entre otras actividades ilícitas.
Se vulneran derechos humanos
A su vez, el doctor Ramiro García Falconí expresó que el mayor problema no es el enfoque de la política criminal, sino que en varios artículos del proyecto se vulneran derechos humanos consagrados como tales en nuestras disposiciones constitucionales y en convenios de los cuales Ecuador es suscriptor.
Armando Espinel, de la Universidad Complutense de Madrid, dijo que el dinero negro y el intento de blanquearlo alteran la confianza en los mercados; pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero y representa un peligro.
Al señalar que existe el dinero ilegal y se mueve en todo el mundo, aseveró que el problema principal de desestabilización financiera a nivel mundial es endógeno y tiene que ver con la regulación de los mercados financieros.
Catalina Carpio, representante de la unidad legal del Municipio de Quito, precisó que en la ley se debe poner el principio de divergencia, que conlleva la identificación de la institución, conocer a su cliente, proveedor y su empleado. Hay que tener cuidado que el concepto de extraterritorialidad afecte el sigilo bancario, añadió.
Entre tanto, la asambleísta María Paula Romo, titular de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, exhortó a analizar la implicación y consecuencias de lo que ha significado la guerra contra las drogas y ahora el terrorismo, cuyos delitos si bien tienen que ser debidamente tipificados y sancionados, hay que evitar el cometimiento de abusos contra ciertos sectores, al tiempo que advirtió que la propuesta contiene tipos penales abiertos que pueden provocar determinadas arbitrariedades.
Al encuentro también asistieron la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado y la Superintendenta de Bancos, Gloria Sabando.
MG-RSA
