En la continuación de la sesión 55 del Pleno, por unanimidad de los presentes (100), los asambleístas archivaron el proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, tomando en cuenta que la propuesta del Ejecutivo resulta insuficiente para lograr esta regulación de forma adecuada.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, recomendó al Pleno de la Asamblea el archivo del proyecto presentado por el Ejecutivo, para dar paso a la elaboración de una nueva propuesta que recoja e incluya regulaciones que garanticen la transparencia en la gestión de la administración inmobiliaria, así como la asignación de responsabilidades y sanciones a los funcionarios a cargo de la misma y mejorar en el sistema de administración temporal de estos bienes.
Para lograr este objetivo el organismo legislativo propone que la información esté disponible al público, en un portal electrónico y por cualquier otro medio, sobre el inventario de los bienes inmuebles y la situación en la que se encuentran, el uso que se les da, la entidad que los ocupa, los valores que se han destinado al mantenimiento de los mismos.
Igualmente, que se informe a la ciudadanía sobre aquellos bienes que son concedidos a terceros bajo modalidades de renta, anticresis, comodato o cualquier otra forma similar contractual que conceda el uso y goce de los mismos, sus beneficiarios, y de existir, los valores que percibe el Estado por este concepto y su forma de inversión.
También, que exista claridad en las responsabilidades y aplicación de sanciones a los funcionarios encargados de la gestión administrativa inmobiliaria, de manera tal que no queden impunes los casos en los que, por culpa o dolo, los bienes del Estado sean sujetos de procesos litigiosos.
Considera además necesario establecer principios comunes para la administración de los bienes, reconociendo y respetando la autonomía de las distintas funciones del Estado y órganos, entidades e instituciones públicas.
De esta manera, se mejorará y reformará al sistema de administración temporal de los bienes sujetos a medidas cautelares por delitos cometidos en la Ley de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.
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