La vicepresidenta de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, María Molina, al resaltar la trascendencia que tiene la Ley de Soberanía Alimentaria, precisó que las reformas obedecen a la necesidad de clarificar la estructura del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) y las obligaciones y atribuciones de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, para que se instituya como un organismo para el debate, deliberación y participación ciudadana en los asuntos relacionados con esta temática.Dijo que la modificación se basa en la presencia de un problema, la insuficiencia del derecho vigente para el funcionamiento de dos organismos que fueron creados por la Ley de Soberanía Alimentaria, que son la Conferencia Nacional y el Sistema de Soberanía Alimentaria.
La reforma define al SISAN como el conjunto articulado de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, actores, sociales, institucionales y estatales involucrados en la construcción participativa de propuestas de políticas públicas relacionadas con el régimen de la soberanía alimentaria.
Tendrá entres sus funciones y atribuciones elaborar políticas públicas y propuestas en este ámbito; coordinar entre la sociedad civil y los diversos niveles de gobierno los asuntos relacionados a la soberanía alimentaria, en áreas de la producción, comercialización, distribución, transformación, consumo responsable e influencia en la alimentación y nutrición de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Estará estructurado por los ministerios de Agricultura; Ambiente; Inclusión Social; Salud Pública; Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y los regímenes especiales; la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria y personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades.
La asambleísta sostuvo que para articular las acciones que realice el SISAN, se crea la Secretaría Coordinadora Técnica, adscrita al Ministerio de Agricultura, la que estará dirigida por una secretaria o secretario técnico, designado por el pleno de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria, de fuera de su seno.
Se establece que la Conferencia será una instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de propuestas en esta materia desde la sociedad civil, adscrita al Ministerio de Agricultura; tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera; estará conformada por nueve representantes de la sociedad civil, que serán seleccionados y designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elegidos entre un representante de las universidades, escuela politécnicas y centros de investigación; de los consumidores; de los pequeños y medianos productores; de los pequeños y medianos agricultores; pequeños y medianos ganaderos; de los pescadores artesanales y recolectores; del sector acuícola; de los campesinos y regantes; y un representante de los indígenas, afroecuatorianos y montubios, provenientes de las distintas comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Según la propuesta, la conferencia tendrá como atribuciones aprobar las normas internas que regulen su funcionamiento; generar un amplio proceso participativo de debate, con el objeto de elaborar las propuestas relacionas con las leyes que regulen, el uso y acceso a las tierras, territorios, comunas; agrobiodiversidad y semillas; desarrollo agrario; agroindustria y empleo agrícola; sanidad animal y vegetal; agroecología; comercio y abastecimiento alimentario; consumo nutrición y salud alimentaria; pesca, acuicultura y manglares; acceso de las ciudadanas y ciudadanos al crédito público: seguro y subsidios alimentarios.
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