El Pleno de la Asamblea debate el veto del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público que tiene por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las/los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad e derechos, oportunidades y la no discriminación.
El Mandatario presentó 80 observaciones al cuerpo legal, entre otros propone incorporar en este cuerpo jurídico a las funciones Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, así como a la Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional.
También, es partidario de ampliar la normativa a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; a los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, a las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos.
Las instituciones podrán establecer procesos de compra de renuncia de los servidores públicos de carrera, previo el pago de una indemnización, por una sola vez, equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio y hasta un monto máximo de ciento setenta y cinco salarios básicos unificados, para cuyo efecto, se realizarán las reformas presupuestarias correspondientes acorde con la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado.
Igualmente, plantea que los contratos que se hubieren suscrito con profesionales médicos, odontólogos, enfermeras, tecnólogos médicos, obstetrices y psicólogos clínicos, en los cuales se haya fijado una jornada de trabajo inferior a 8 horas, serán reformados para establecer una jornada laboral de 8 horas.
Para lo cual se derogan todas las disposiciones referentes a la jornada laboral de 4 horas a favor de médicos y odontólogos, exceptuándose los casos de trabajos peligrosos o insalubres, entre otras.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, suspendió el debate de este tema para retomarlo a las 15H10, a fin de dar paso a la intervención de asambleístas de diversas bancadas.
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