Por contravenir la norma constitucional vigente, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la denuncia del Convenio entre las Repúblicas de Ecuador y Finlandia sobre Promoción y Protección de Inversiones, con 67 votos de 110 asambleístas presentes.
La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales propuso al Pleno la aprobación de la denuncia de este convenio, tomando en cuenta que algunos funcionarios de Estado encargados de esta materia informaron que los tratados bilaterales de inversión son parte del complejo sistema financiero y comercial del país, mismos que fueron aprobados durante la vigencia de un distinto marco constitucional en el cual no existía una expresa contradicción con las cláusulas acordadas en el mismo.
El presidente del organismo legislativo recordó que el objetivo de estos acuerdos era promocionar al país para atraer inversiones provenientes de la contraparte, brindando una presunta mayor seguridad jurídica a las mismas. Sin embargo, al no existir una verdadera política de Estado que propicie la inversión en grandes proyectos y sin una planificación que establezca áreas prioritarias de la economía y políticas de fomento para desarrollarlas, pocos fueron los logros alcanzados.
Además, hay que recordar que gobiernos anteriores privilegiaron las políticas dirigidas a limitar el rol del Estado, lo que acarreó el debilitamiento de las instituciones jurisdiccionales del país, que a su vez, unidas a otras causas como la escasa formación académica de universidades, no atendidas por el Estado, trajo las consecuencias que seguimos viviendo hasta ahora: altos niveles de corrupción en la justicia, retraso de los juzgados en atender los procesos, poca especialización y demás.
Igualmente, la Comisión fundamnetó su informe en el dictamen previo y vinculante emitido por la Corte Constitucional, el cual determina que el Convenio, en su artículo 10, contraviene la norma constitucional que prohíbe al Estado ecuatoriano la suscripción de tratados internacionales en los cuales ceda soberanía a organismos internacionales para la solución de controversias, por lo que conviene que el Pleno de la Asamblea se pronuncie aprobando dicha denuncia.
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